El gobierno peruano, alineado con países de Europa y la región, decretó estado de emergencia sanitaria para mantener a la gente aislada y confinada y evitar el contagio masivo del COVID-19.
La norma suspendió las garantías constitucionales de libre tránsito, libertad de reuniones y dispuso el cierre de fronteras.
Como la población tiene que comer y abastecerse, han reconocido esenciales a las empresas que fabrican, procesan y distribuyen alimentos (con o sin octógonos), además de servicios logísticos, financieros y obviamente de salud. Quedaron fuera locales de expendio de comida.
La ley rompió mitos, acabó con parte de la informalidad y de la absurda inflexibilidad laboral de un plumazo. Hay aún importantes vacíos: Continúa un asedio absurdo de la Policía Nacional sobre los trabajadores en tránsito, el transporte del personal autorizado debería ser provisto por el Gobierno y FF.AA. en coordinación con el sector privado.
El Estado ha convocado al sector privado de manera marginal, es hora de trabajar juntos, plenamente por el país. No vemos a nuestra comunidad científica integrada a los grupos de trabajo.
Necesitamos más hospitales de campaña emplazados en las zonas más vulnerables y populosas. El sector privado puede aportar mucho expertise (planificación, minería, construcción, logística, telecomunicaciones y otros). Debemos concretar el apoyo extranjero de alto nivel en el manejo de la pandemia (China, Corea).
El Gobierno, integrando esfuerzos; funcionarios públicos, sirviendo con honor; empresarios, liderando con eficiencia y solidaridad; periodistas y comunicadores, informando con prudencia. Unidos en esta economía de guerra, queda todo por delante. Peruanos del sector salud: les espera un trabajo heroico. ¡Total apoyo!