Salteándose una necesaria y más amplia discusión, y una segunda votación, el keikismo aprobó el proyecto que permite a Alberto Fujimori no volver a prisión. Se pudo consensuar una norma sin nombre propio, pero no. Se beneficia a Fujimori y podría abrirle las rejas a Montesinos y una retahíla de criminales que, aunque viejos, han hecho mucho daño a la sociedad. Tanta fue la prisa que da la impresión de tratarse de una orden dictada por Keiko Fujimori desde la Prefectura. Con esta ley, el keikismo hace las paces con su líder histórico; pero llevando la institucionalidad al límite.
Al keikismo le urgen bases para el peor momento de su historia. Las perdió al negar discutir un proyecto similar al de hoy, y al enfrentar el indulto en la guerra contra PPK. Intenta así reconciliarse con el viejo fujimorismo y lo que pueda movilizar. Keiko batalla con una investigación prolija y cargada de evidencia. Busca presionar en la calle. El keikismo consumió su arrastre popular; las elecciones son la prueba. El fujimorismo, más bien, puede sostener a Keiko en este engorroso tránsito fiscal.
Lo grave es que Pedro Chávarry le lanza un salvavidas de la peor forma. Provocando un terremoto en la Fiscalía, despidió a Erika Delgado, la adjunta de José Domingo Pérez. Los efectos del golpe de Chávarry serían devastadores: provocar la salida de Pérez y Vela, y frenar la investigación a Keiko para que recupere su libertad. Chávarry devuelve así el blindaje que le da el keikismo en el Congreso.
Son dos estrategias las de Keiko: el bloqueo fiscal y juntar masas con la #LeyFujimori. Vizcarra debe pedir, a través de la Cancillería, que la Corte IDH diga si esta norma vulnera los tratados suscritos por el Perú. Le ahorraría una colisión y una contradicción, pues ya dijo que no observaría una norma para Fujimori.