El Parlamento inició un nuevo año con una situación pocas veces vista y sin que la Mesa Directiva demuestre intenciones de resolverla. Por sentencias judiciales suspendidas, dos de sus integrantes se encuentran inhabilitados para ejercer la función congresal.
Se trata de los casos del nacionalista Emiliano Apaza y de la fujimorista Cecilia Chacón, quienes afrontan, en estos momentos, condenas judiciales por contrabando y por complicidad en enriquecimiento, respectivamente.
Apaza se encuentra suspendido en sus funciones parlamentarias por esta causa, pero el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, destacó en su oportunidad que este caso ameritaría el desafuero debido a que la condena de cuatro años suspendida fue declarada consentida.
Chacón tiene condena de cuatro años de prisión suspendida e inhabilitación para ejercer cargo público por tres años. Esta sentencia ha sido apelada ante la Corte Suprema.