La Corte Superior de Justicia de Lima resolvió a favor del Estado Peruano en el proceso interpuesto por la empresa Doe Run para evitar el pago de US$163 millones al Ministerio de Energía y Minas (Minem) por no haber construido una planta de ácido sulfúrico y el circuito de cobre en el complejo metalúrgico de La Oroya. La Octava Sala Especializada desestimó la apelación de la empresa presentada en octubre de 2012.