Carlos Meléndez,Persiana americanaPor principio, un católico conservador debería oponerse a esta iniciativa. Los asuntos de moral y fe no deberían ser de escrutinio del vulgo (conformado por creyentes e infieles). La politiquería podría legislar en contra de tales valores.
Un liberal (católico o no) también debería criticar esta propuesta, pues el Estado es garante de los derechos ciudadanos, incluyendo los de las minorías (como la comunidad LGTB). Una consulta popular de este tipo (donde las mayorías deciden a su antojo), podría institucionalizar la discriminación y la opresión sobre minorías. La supresión o disminución de derechos fundamentales es inconstitucional.
Cipriani es un actor político. Influye en los círculos de poder y en las calles; ahora intenta movilizar hacia las urnas. Esta actitud supone un riesgo poco advertido para nuestra institucionalidad democrática. La injerencia de poderes fácticos (la Iglesia, los militares) en la formulación de políticas públicas vulnera la soberanía del Estado. La reglamentación de dichas políticas debe atender, primariamente, sus potenciales consecuencias sociales (¿Cuántas vidas de mujeres embarazadas se salvan? ¿Cuántos crímenes de odio disminuyen?). Los gobiernos deben respetar las creencias de sus ciudadanos, pero garantizar los derechos de todos. (Nótese que nuestro "debate" es, apenitas, liberal: se trata de "unión civil" y no matrimonio; de aborto "terapeútico", no en todos los casos).
La misión del gobierno es preservar la autonomía estatal. Gobernar con todos, no con Dios, no con el diablo.