[OPINIÓN] Mauricio Aguirre: “Perú: desafíos con y sin HD”

La presidenta Dina Boluarte despidió al jefe de la Policía, el general Jorge Angulo, con una carta bien poco elegante. Puso como una de las razones para mandarlo a su casa el fracaso de los estados de emergencia en algunos distritos de Lima y en Sullana.

Boluarte argumentaba que los estados de emergencia “no han logrado disminuir el aumento de la actuación de bandas criminales”. Además, responsabilizaba al propio Angulo de la agresión que sufrió en Ayacucho y, aunque cueste creerlo, la presidenta aseguraba que esa agresión era consecuencia, justamente, del fracaso de los estados emergencia.

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Pero solo unos días después, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, salió de una reunión en Palacio de Gobierno y dijo que uno de los acuerdos con la presidenta era decretar el estado de emergencia en su región por el aumento del crimen organizado.

Tras el anuncio de Acuña, le preguntaron al premier Alberto Otárola por qué insistían en los estados de emergencia que el propio gobierno aseguraba que eran un fracaso. Otárola, muy seguro de sí, los defendió y dijo que en realidad habían logrado disminuir hasta en 36% la criminalidad en los lugares donde se pusieron en práctica.

Para el gobierno, los estados de emergencia no sirven cuando se trata de deshacerse de personajes incómodos, pero son exitosos cuando el objetivo es darle una mano a su socio político. Una visión muy particular de definir estrategias y resultados frente a uno de los mayores problemas que hoy tenemos, la inseguridad ciudadana y el incremento descontrolado del crimen organizado.

No sabemos si realmente los estados de emergencia son un arma eficiente para la lucha contra la delincuencia, pero, después de más un año en Palacio, lo que en verdad parece estar en emergencia es el gobierno de Dina Boluarte.