(Foto: GEC)
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Añadiendo un bonus track a una historia que no parece tener fin, la continuidad del proyecto de Majes Siguas II quedaría bajo la responsabilidad del cuestionado gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. Esto, desde que el Congreso de la República aprobara, hace unos días, el proyecto de ley para obtener una garantía soberana del Estado peruano de 104 millones de dólares, necesarios para proceder con la segunda etapa de este emblemático proyecto de irrigación y firmar la adenda número 13 del acuerdo.

La propuesta congresal –que se elaboró sin el visto bueno del Ministerio de Economía– evitaría en principio que el Consorcio Angostura-Siguas (COBRA) resuelva el contrato el 31 de este mes, como anunció al Gobierno Regional de Arequipa hace unas semanas, debido al incumplimiento de los hitos establecidos en las actas de suspensión, que tenían como fecha límite, justamente, el último día de octubre de 2020. Y aunque Cáceres Llica se ha apresurado en agradecer a los congresistas “a nombre del pueblo arequipeño” por sus votos, el MEF ya adelantó que, al no estar aprobada la adenda 13, ese despacho “no se encontraría en capacidad técnica ni legal para aprobar una garantía”, además de que la medida modifica el contrato de concesión del proyecto mediante una ley que vulnera la libertad contractual establecida en el artículo 62 de la Constitución.

Todo lo aparentemente “destrabado”, entonces, se puede volver a trabar en pocos días, otra vez, por la incompetencia de los congresistas, que continúan proponiendo leyes constitucional y técnicamente inviables. Lo ideal, como es obvio, era que, dada la ineptitud y desidia mostrada hasta no hace mucho por Cáceres Llica, el proyecto pasase a ser administrado por el gobierno central. Pero, como los lobbies en la Plaza Bolívar parecen ser más poderosos que los intereses del país, se ha vuelto a poner un proyecto de la magnitud de Majes Siguas II en las peores manos posibles.

Queda por ver –a falta también de un pronunciamiento de la empresa concesionaria– hacia qué lado se inclinará la balanza, pero lo cierto es que las obras, por su impacto en la economía nacional, se deben retomar lo antes posible.

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