El retiro de fondos de la ONP aprobado por el Congreso ha sido muy cuestionado por sus visos de inconstitucionalidad y por el forado fiscal que generará. Estos dos argumentos le hubieran bastado a un Parlamento responsable para descartar la iniciativa. No obstante, no son lo más grave de este nuevo disparate congresal. Lo realmente preocupante es que la medida marca el inicio del fin de nuestro sistema previsional.
Una de las grandes conquistas de los estados de bienestar son los sistemas de pensiones. Así como la salud o educación, la sostenibilidad de nuestros adultos mayores es un asunto de interés público. La intervención del Estado se justifica puesto que el mercado solo ofrece soluciones limitadas en este frente.
Sin duda, la administración de la ONP ha sido sumamente ineficiente. Esto ha llevado a sinsentidos como que solo reciban pensión quienes reúnen 20 años de aportes, o que no exista un registro detallado de ellos. Estos deben ser argumentos para la reforma del sistema, pero de ninguna manera para su desmantelamiento. Y es esto último lo que está consiguiendo el Congreso.
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La ley aprobada esta semana, sumada a la aprobada en noviembre para el retiro de fondos de las AFP, da una estocada mortal a la finalidad previsional del sistema. Con este precedente, cada cierto tiempo surgirá una nueva iniciativa de retiro de fondos. Hemos creado una bomba de tiempo porque la edad de jubilación, nos guste o no, nos llega a todos. Y de los fondos de hoy nada quedará mañana.
Lo que más me sorprende es que las voces de la izquierda, que serían las llamadas a promover un sólido sistema previsional público, sean las primeras en promover su desmantelamiento. Irresponsabilidad al límite.