Al promediar el mediodía del 8 de enero, comenzando este año, comuneros de Fuerabamba incendiaron el campamento policial que resguardaba el ingreso a Las Bambas, la mina más grande de Apurímac. Esa madrugada habían bloqueado la carretera por la que transitan los camiones que sacan el mineral y se habían enfrentado a la Policía dejando 11 efectivos heridos, dos de ellos de extrema gravedad.
Con este, la Policía sumaba nueve incidentes violentos protagonizados por comunidades aledañas al corredor minero del sur en los últimos dos años y medio. La comunidad que protestaba esta vez, sin embargo, había sido la más beneficiada cuando empezó a construirse el proyecto minero. Como estaba asentada muy cerca del yacimiento, la empresa construyó una nueva ciudad para sus comuneros, les pagó muy bien por sus tierras y capacitó a más de una centena de ellos para que formaran empresas que le prestaran servicios a la minera.
Pero, hacía unos meses, la nueva directiva de la comunidad había contratado la asesoría legal de unos abogados que se habían instalado en la zona predicando el enfrentamiento entre las comunidades y la empresa MMG Las Bambas. Su influencia alcanzó para que los nuevos dirigentes expulsaran de la comunidad de Fuerabamba a su anterior vicepresidente, Obispo Huamaní, y con él a 120 comuneros que trabajan o hacen negocios con la mina. Los acusaron de traidores y, según ellos mismos han denunciado ante la Defensoría del Pueblo, los amenazaron de muerte.
El último jueves, muy entrada la noche, la Policía detuvo en Lima al presidente y a los tres abogados de la comunidad de Fuerabamba, las cuatro personas que habían llegado a la capital para reunirse con autoridades y representantes de la minera con el objetivo de dialogar sobre el conflicto iniciado en enero. Al día siguiente, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas ordenó que se allanara la casa del proveedor de materiales explosivos y armas de los abogados de la comunidad y que se detuviera a otros dos asesores en Abancay.
Como resultado de este operativo policial, la justicia ha autorizado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los siete investigados; Inteligencia de la Policía Nacional sostiene que se organizaron para extorsionar y que esta práctica se repitió en distintas comunidades aledañas a la mina.
El vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba lideró el viernes una protesta en Challhuahuacho en contra de las detenciones. Sin embargo, la Fiscalía tiene audios y pruebas que comprometen a su presidente, pero sobre todo a sus asesores legales, los abogados y hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, a quienes la Policía ha bautizado como los cabecillas de la banda Los Chavelos.
El Ejecutivo tiene ahora que insistir en que la comunidad elija una nueva directiva, la anterior está viciada, se combinó con una mafia de extorsionadores. La Inteligencia policial les siguió el rastro y ahora la Fiscalía tiene cómo probar que estuvieron detrás de las protestas violentas registradas en los últimos dos años en el corredor minero del sur; la última implica una extorsión de 100 millones de soles a la empresa MMG Las Bambas a cambio de dejar de interrumpir la carretera por la que sacan el mineral al puerto de Matarani en Arequipa.
Un estupendo trabajo de Inteligencia policial que le ofrece a la Fiscalía las herramientas para identificar el delito y para separar el chantaje y la extorsión de las verdaderas reivindicaciones a las que tienen derecho los campesinos. La tesis fiscal sostiene que los abogados Chávez Sotelo captaron dirigentes de distintas comunidades campesinas y los empujaron a bloquear carreteras provocando enfrentamientos irrefrenables mientras ellos ejercían presión y extorsionaban a la empresa. Hace 48 días está bloqueado el tramo del corredor minero del sur que permite la salida de los vehículos de la mina en Apurímac. No es un conflicto social, se trata de manipulación y delito.