El premier Juan Jiménez descartó que la Ley de Delitos Informáticos atente contra la libertad de expresión. "Lo que se penaliza es la interceptación, que es una actividad ilegal", señaló. Pero el IPYS cree que la ley es un grave riesgo para la libertad de información periodística "porque penaliza, de manera indiscriminada, la utilización de datos o bases de datos en plataformas electrónicas". Lamentó que el Congreso no la haya revisado.