Defensora indefendible

La funcionaria fue designada sin que se tuvieran en cuenta los hechos dolosos en que habría estado involucrada cuando se despeñó como defensora del Estado en municipalidades distritales.

Ahora que se le ha reabierto un caso de aquella época, Caruajulca queda expuesta a un flagrante conflicto de intereses, pues desde antes de asumir su actual puesto ya venía con este tipo de procesos que son resueltos en última instancia por la Procuraduría General. Y esta situación la descalifica, como se estipula en el decreto legislativo que reestructura el Sistema de Defensa Jurídica del Estado pues no puede ser defensora de los intereses del Estado quien tiene procesos abiertos por el mismo sistema.

El responsable principal, como apunta bien la CGR, es el Ministerio de Justicia, que la seleccionó igual, haciéndose de la vista gorda con los cuestionables antecedentes que la precedían (o, quién sabe, más bien por eso mismo fue elegida: pareciera que para este gobierno tales son los requisitos indispensables para ejercer cargos públicos).

Caruajulca entraba para reemplazar al procurador Soria, despedido fulminantemente por el premier Aníbal Torres cuando aquel denunció al presidente Pedro Castillo. El papel de esta nueva procuradora ha sido ciertamente lamentable en estos meses, al actuar más como defensora del gobierno que de los intereses del Estado. Su permanencia en el cargo es una burla al Estado de derecho y a la labor que debería cumplir una funcionaria de esta naturaleza. Más aún con la alarmante cantidad de investigaciones y denuncias que rodean al Ejecutivo, que a Caruajulca, en cambio, parecen tenerla sin cuidado.

La Procuraduría no puede estar en manos de un personaje obsecuente con el poder de turno y mucho menos cuestionado o procesado. Es un contrasentido absoluto. El ministro Félix Chero no nombró a esta controvertida funcionaria, pero es él quien deberá removerla de inmediato si no quiere tener problemas con la Contraloría y con el Congreso, que ya le están pidiendo explicaciones.