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La expresidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE Mónica Yaya afirmó que el contralor Fuad Khoury desempeña una función política y en tal sentido actúa como brazo legal del gobierno, pues hasta la fecha la Contraloría no se pronunció respecto a las presuntas irregularidades en la millonaria licitación del Gasoducto del Sur –adjudicada hace más de tres semanas–, que podrían alcanzar al ministro Eleodoro Mayorga.
"La Contraloría no va a denunciar los actos de corrupción que involucran a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, como el expremier René Cornejo y en este caso el ministro de Energía y Minas (Mayorga), porque el contralor no está interesado en hacerlo debido a que está cumpliendo una acción política", dijo a Perú21 la exfuncionaria del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Añadió que el ente de control " se hace la vista gorda y está enfocado en acusar a autoridades locales y regionales que no forman parte del grupo de Palacio de Gobierno. En consecuencia, termina por dar cobertura (protección) a cierto sector gubernamental".
INTERESES SUBALTERNOSSobre el adelanto sorpresivo de la firma del contrato del Gasoducto del Sur, Mónica Yaya consideró que "ese apresuramiento indica que hay intereses del más alto nivel en que se suscriba el documento sin que se esclarezca la verdad de lo ocurrido en la licitación".
"No se resolvió la aparente irregularidad de que ProInversión no respetó el plazo otorgado al grupo empresarial que terminó en segundo lugar, para que levantara una observación", refirió.
El consorcio descalificado inició el lunes último un proceso judicial contra la adjudicación.
Al respecto, fuentes de la Contraloría alegaron que, en este tipo de procesos, el ente de control solo puede supervisar luego de la firma del contrato, y que este será evaluado en los próximos meses.
TENGA EN CUENTA
- El presidente del comité de ProInversión a cargo de la licitación, Édgard Ramírez, fue consultor de Odebrecht, que integra el consorcio ganador, como lo reveló Perú21.
- La consultora Laub & Quijandría, a la que perteneció el ministro Mayorga, también tuvo como cliente a Odebrecht. Este llevó a Ramírez a ProInversión.