Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son asociaciones que, mayoritariamente, se han caracterizado por tener propósitos nobles y admirables como la defensa de los derechos humanos, la transparencia, la inclusión, entre otras causas sociales. No obstante, también existen las ONG que, lejos de velar por esos intereses loables, hacen activismo político ocultando sus verdaderas intenciones mientras usan el dinero de la cooperación internacional para su propaganda ideológica.
Recién, el Gobierno, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, anunció que el Estado peruano empezará a fiscalizar los recursos que estas organizaciones obtienen, que no son pocos.
De acuerdo con lo señalado por el titular de Torre Tagle, actualmente existen 375 ONG en el Perú que canalizan anualmente alrededor de US$300 millones. No obstante, solo el 1% de estas organizaciones está acreditada ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
El uso político es tan evidente en algunos casos que el canciller se animó a citar la vinculación de ciertas ONG con Runasur, un proyecto liderado por Evo Morales que fue impulsado en el Perú durante el gobierno de Pedro Castillo. En su momento, Runasur propuso la creación de una ‘nación aimara’, lo que implicaría mutilar el territorio nacional, fomentando el separatismo de las regiones del sur en favor de Bolivia. No obstante, nadie responde sobre cómo se financian las asociaciones que respaldan semejante propuesta, tan inconstitucional como apátrida.
El anuncio realizado por el canciller llega tarde, pero llega. De acuerdo con la Constitución, la ley es igual para todos; por lo tanto, las ONG deben estar obligadas, como cualquier empresa que recibe aportes e inversiones, a transparentar su financiamiento. Resulta abusivo e ilegal que las ONG no tengan la obligación de reportar sus ingresos o la identidad de sus donantes.
Como cualquier organización que recibe dinero, las ONG deben ser supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Sunat.
Exigir la transparencia del financiamiento de las ONG no es un ataque a la libertad de asociación, ni mucho menos un amedrentamiento, como saldrán a decir los oenegeístas más sinvergüenzas. Se trata simplemente de poner en igualdad de condiciones a todos los peruanos y de ser honestos con el dinero, sobre todo si este llega a través de la cooperación internacional. La puerta de un país como el nuestro no puede estar abierta a los intereses económicos de otros Estados, tampoco a los motivos ideológicos y políticos que actúan, como ya ha sucedido, contra los derechos de los propios peruanos violentados, por ejemplo, por los azuzadores antimineros. Nunca es tarde para ponerse los pantalones.