Santiago Pedraglio,Opina.21Sería muy grave que se repitiera lo que pasó con el asesinato de Luis Choy, fotógrafo de El Comercio: a pocos días de su muerte detuvieron a los sicarios y los encarcelaron, cuatro meses después se fugaron y la escena final fue su muerte, después de un tiroteo, a manos de la Policía. ¿Será posible, ahora, saber quién mandó matar a Choy? ¿Quién pagó para que se cometa ese crimen?
Con este caso, como con el de Carlos Burgos, hijo del alcalde de San Juan de Lurigancho, y varios otros cometidos "al paso", por ejemplo en Pisco, en Cañete y en Trujillo, se confirma que el sicariato se ha instalado en el Perú como una modalidad de homicidio.
No obstante, en el caso de Ezequiel Nolasco surge además la sospecha de vínculos del crimen con autoridades subnacionales.
Si la hipótesis fuera cierta, se habría iniciado un feroz camino por el cual mafias de diversa índole, no solo de narcotraficantes, pretenderían consolidar su poder económico y su influencia política. Esto pasaría por obtener el control de los poderes locales y regionales, modo "siglo XXI" de adjudicarse negocios ilícitos en determinados territorios, no solo fuera de Lima sino también en distritos de la capital.
Evitar la impunidad es prioritario, y esto implica una intensa labor de la Policía Nacional, del Poder Judicial y de la Fiscalía, instituciones desprestigiadas pero sobre cuyos hombros recae buena parte de la responsabilidad –y, ojo, también la oportunidad– de no dejar que en el país terminen gobernando la corrupción y la fuerza mafiosa organizada.
