A raíz de los procesos iniciados por las investigaciones del equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato y la consiguiente detención de expresidentes, prominentes líderes políticos y egregios empresarios, el tema de la prisión preventiva se convirtió en recurrente motivo de discrepancia entre jurisletrados locales y otras voces.
Aunque las prisiones peruanas cuentan con miles de internos, quizás no tan insignes, recluidos bajo la misma modalidad penal –u otras similares a la prisión preventiva–, lo cierto es que esta preocupación fue atizada por el hecho de que figuras tan notorias vayan a dar a la cárcel sin condenas firmes.
Inclusive el propio presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, intervino insistiendo en que se trata de una medida básicamente excepcional, a la que debería recurrirse solo en “último caso”, ya que en términos fácticos y concretos, al privarse de la libertad al investigado, era como una condena adelantada.
El debate es comprensible, pero tampoco podemos olvidar que aun siendo una medida severa, en no pocas circunstancias su demora en aprobarse ha permitido fugas tan alevosas –precedidas de groseras maniobras de obstrucción a las investigaciones– como las del expresidente Alejandro Toledo, el exjuez supremo César Hinostroza o la del general, y “desinmunizado” parlamentario, Edwin Donayre.
En este contexto, el que ayer ya se haya formulado la acusación fiscal contra Edwin Oviedo, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, al quinto mes de los 36 de prisión preventiva dictada en su contra por un caso de asesinato a manos de Los Wachiturros de Tumán, es un buen ejemplo de celeridad que debe repetirse con mayor frecuencia y que muestra que los hoy sometidos a esa medida no necesariamente pasarán todo ese periodo en ascuas, sin saber de qué se les acusa.
Además, como es conocido y ajustado a ley, ese tiempo de prisión preventiva es descontado de cualquier eventual condena que, al final del proceso, se dicte contra investigados y acusados.