¿Cortejo con billetera ajena?

Si la racionalidad política se impone, y por las dimensiones que ha cobrado el escándalo, el cambio en la cabeza del Consejo de Ministros podría ser inminente. Una medida que la presidenta Boluarte debió tomar mucho antes.

Y lo decimos no necesariamente a raíz del audio difundido por Panorama, que, de verificarse que se hizo mientras él ejercía la función pública —anoche Yaziré Pinedo señaló que era un audio editado y de enero de 2021— dejaría en evidencia el inmoral y hasta delictivo uso indebido de los recursos del Estado para contratar a personas cercanas al funcionario, sino por su deficitaria gestión al frente del gabinete.

Porque una cosa es jugar al sugar daddy con la suya y una muy otra es valerse de su alta investidura para cortejar, peor si es en circunstancias difíciles para el país. La administración pública y las contrataciones del Estado deben ser transparentes y rigurosas para poder retomar la ruta del crecimiento de la que el Perú se ha alejado en los últimos años.

Recordemos que durante el mandato de Otárola se han sucedido cambios de ministros en distintas carteras, pero el premier permanecía intocable en su despacho. Mientras tanto, el país continuaba atascado en una recesión económica y una espiral de violencia que parecían ser enfrentadas solo con disposiciones efectistas, discursos y promesas.

Es cierto que al gabinete han arribado recientemente profesionales de distinguida trayectoria, como los nuevos titulares de Economía y Energía y Minas. Pero al mismo tiempo se mantiene en el cargo a quienes han demostrado inoperancia para enfrentar los problemas medulares en su sector, como ocurre en el Ministerio del Interior: de hecho, la delincuencia sigue en ascenso, pese a los estados de emergencia y demás medidas adoptadas para combatirla.

El futuro del premier pareciera estar sellado, toda vez que, en horas de la tarde de ayer, se supo que Dina Boluarte dispuso “el retorno anticipado” del premier. Como se recordará, inmediatamente después de difundirse los audios del escándalo, la presidenta había anunciado tajantemente que “el Gobierno rechaza de manera categórica todo tipo de acción que vaya en contra de los intereses de la Nación y, en este caso específico, cualquier posible contratación irregular a cambio de favores”.

Para mayor inri, Otárola tenía ya abierta una carpeta fiscal por la contratación de Yaziré Pinedo en el Mindef, pues en noviembre último la Contraloría advirtió irregularidades en la documentación.

Al que le caiga el guante, entonces, que se lo chante.