(Foto: GEC)
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Este es el más antitécnico de los últimos 25 años, ya que está insistiendo en implementar medidas económicas para aliviar los estragos de la pandemia, sin advertir que dichos planteamientos fueron probados en el pasado y los resultados terminaron siendo desastrosos. Tal es el caso del intento por institucionalizar el “perro muerto” en el país.

La semana pasada, en la Comisión de Economía, se discutieron cinco proyectos para suspender el cobro de deudas del sistema financiero y tributario, de los servicios públicos, educación y de arrendamiento inmobiliario; hasta que termine el estado de emergencia. Si bien estas iniciativas suelen tener buenas intenciones, su aplicación terminará perjudicando a las familias que se pretende ayudar.

Por ejemplo, prohibir el corte de servicios de telecomunicaciones por impago de deudas a inicios de marzo incrementó la morosidad al 50% (AFIN), lo cual ha puesto en riesgo la continuidad de los servicios, según el propio regulador. Si esto continúa, nos veremos afectados todos los usuarios, así como la viabilidad de más de 110,000 empleos y 5,000 empresas que dependen dicho sector.

Lamentablemente, si prolifera este mal ejemplo, la economía de muchas familias también se verá afectada. Por poner un caso, si hoy se prohíben los desalojos por impago de alquileres, una madre de familia que alquile un piso de su vivienda no podrá hacer efectivo el cobro del arrendamiento durante el estado de emergencia, por más que de ello dependa el sustento de su familia.

Este Congreso puede hacer más daño que la pandemia, por lo que se requiere que la discusión se encamine hacia lo racional y técnico.



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