La venta de licor en establecimientos comerciales a menores no está sancionada con cárcel (a menos que exista un delito grave), sino en el plano administrativo. Sin embargo, vale la pena que –tras agotarse otras medidas, como una regulación a la publicidad de bebidas alcohólicas– el Estado revise la legislación para instaurar cárcel por vender alcohol.
Para ello, partiríamos de la premisa de que en el país existe un alto índice de accidentes de tránsito provocados por menores alcoholizados. En tal sentido, los dueños de discotecas, bares y bodegas tienen mucha responsabilidad.
En lo administrativo, las municipalidades deben sancionar ejemplarmente, con multas y la clausura, pero esto no está dándose.
Las comunas deben tener un papel más activo. Por ejemplo, si cierran un negocio y este abre, deben iniciarle un proceso judicial al dueño por el delito de resistencia a la autoridad.
Además, el Estado debe regular la publicidad alusiva al licor, y los medios de comunicación deben colaborar en su difusión.