Por: Milagros Campos
En el último año, el Congreso aprobó 125 leyes. De ellas, aproximadamente el 30% están referidas a políticas públicas mientras que el 27% son declarativas. Existen casi 1,000 proyectos de ley pendientes de debate en el Pleno y 2,000 en comisiones.
¿Cuáles son los criterios para darles prioridad? Uno muy relevante es el que dispone el reglamento: la agenda legislativa. A través de ella, los grupos parlamentarios –hoy 12– coordinan con el Ejecutivo los temas que deben tener prioridad durante este año legislativo. Así, las comisiones se abocan preferentemente a ellos. La agenda legislativa tiene la ventaja de ser pública.
La calidad y la cantidad de leyes es una preocupación en muchos países, en la medida en que el cambio de reglas genera costos de aprendizaje para los ciudadanos. Las buenas prácticas sugieren que solo se debe legislar cuando hay un vacío normativo o en caso de que exista deficiencia en la regulación.
De lo contrario, se puede incurrir en inflación y contaminación legislativa.
En consecuencia, un Congreso que dicte más leyes no es más productivo; lo será en la medida que su legislación sea necesaria y eficaz. Las reformas regulatorias buscan garantizar la seguridad jurídica. Para ello, se requiere que las normas sean de calidad y adecuadas para lograr su propósito. Una gobernanza pública eficaz –en los términos de OCDE– supone que la política regulatoria esté destinada a configurar la relación óptima entre el Estado, los ciudadanos, las empresas e instituciones.
Para lograr estos objetivos, dos proyectos plantean la creación de una oficina de estudios económicos. Entre sus funciones estaría emitir un informe previo al debate de los dictámenes en las comisiones. Actualmente algunos países que cuentan con oficinas de impacto económico de proyectos de ley pueden proyectar el costo presupuestal de su implementación, así como el impacto económico de la propuesta. La información que acompañe al dictamen permitiría una mejor decisión. La oficina se referirá al impacto en la competitividad y productividad. Vistos los resultados del Perú en el ranking, esta oficina podría contribuir a sumar esfuerzos en mejorar la posición del Perú, en la línea de los objetivos priorizados de la Política Nacional de Competitividad y Productividad.
Por ejemplo, los referidos a dotar al país de infraestructura económica y social de calidad; fortalecer el capital humano; generar el desarrollo de capacidades; impulsar mecanismos de financiamiento; crear las condiciones para un mercado laboral dinámico para la generación de empleo digno; generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo; facilitar condiciones para el comercio exterior; fortalecer la institucionalidad y promover la sostenibilidad ambiental. Desde 2006 se prevé la obligación de vincular los proyectos de ley a las políticas del acuerdo nacional. Sería buena idea hacer lo propio con las políticas de competitividad.