Cómo leer la crisis en Chile: guía para un desorientado

El 19 de noviembre, almorzando en el club de golf más exclusivo de Chile, tuve la inmejorable oportunidad de confrontar las opiniones de la cúspide del internacionalizado empresariado chileno, complementado con los juicios de un expresidente del Senado y con los de un expresidente de la República.

Con asombro constaté que mis estudiantes de postgrado (entre 25 y 40), la generación de mi hijo (20), muchos vociferantes de redes sociales y la gente común de la calle han llegado a una síntesis común de los hechos básicos. De algún modo, aún no descrito sin ideología y/o sin prejuicio, se ha concluido que las causas estructurales de la crisis están asociadas a la desigualdad en todas sus variantes y que la salida de ella pasa por cambiar la Constitución de 1980, que pese a sus reformas aún padece ilegitimidad de origen. Sin embargo, eso no se refleja en el debate que llena las páginas de la prensa donde la clase política (autocomplaciente y autoflagelante, situados en todo el espectro político nacional) parece ocupar todo el espacio.

Por una parte, están aquellos que invocan todos los rankings internacionales donde Chile destaca por sobre todos los países de la región, al punto de haber sido considerado un “oasis”, razón por la cual el estallido social sería de todo punto de vista incomprensible. En este enfoque, la crítica manifestada en la calle sería el síntoma de una nueva demanda de una sociedad más desarrollada o el resultado de una “conspiración cubano-chavista”, como afirmó un medio de circulación nacional, que luego se retractó. Lo que sí parece tener asidero, es que los ataques al metro fueron perpetrados con acelerantes especializados que no se venden en el mercado. Esto sería parte de los resultados de las investigaciones hechas por bomberos y la fiscalía oriente, cuyos detalles se mantienen en reserva. Desde luego, este enfoque no ve que la desigualdad sea un problema.

Por otra, están aquellos que ven las causas de la crisis en todo aquello que “no se hizo” desde el regreso de la democracia en 1990. El eslogan, muy oportuno para una parte del oficialismo, ha sido que no se trata de los 30 pesos (el incremento en el ticket del metro que incendió el conflicto), sino de 30 años. Desde luego, este enfoque desconoce el valor de los logros destacados por los autocomplacientes y que tienen indicadores sólidos.

El juicio crítico de este enfoque va desde aquellos que cuestionan los pactos entre militares y políticos y la connivencia entre élites políticas y élites empresariales, hasta aquellos que denuncian las falencias e inequidades de la política pública. Este enfoque no valora el desarrollo experimentado por el país en los últimos 30 años.

Los grupos empresariales, bastante ausentes del debate polarizado de los medios, tienen un diagnóstico diferente al del Gobierno y la oposición. Están convencidos de la desigualdad (el 1% más rico es dueño del 30% del PIB), están conscientes de que los bajos salarios explican parte significativa de sus rentabilidades, reconocen que sabían esto hace mucho tiempo y han llegado al convencimiento de que este modelo, expresado en estos términos, llegó a su fin.

Aparentemente, al menos las cúpulas dirigentes están dispuestas a cambiar la Constitución y a participar en el proceso, a fin de preservar aquello que consideran sensato para el país y para ellos. En este proceso, a contrario sensu de las generaciones anteriores (que se enfrentaron al gobierno de Allende y que colaboraron intensamente con Pinochet), están dispuestas a dialogar con el resto de la sociedad, asumiendo, como versa otro eslogan, que tal vez sea cierto que Chile cambió.

Sin embargo, el descontento de la calle no se agotará en este cambio, sino en abordar la causa estructural de manera decidida.