Para mañana, la Comisión de Defensa del Congreso ha citado al ministro del Interior, Carlos Morán; al director de la Policía, José Luis Lavalle; y al jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), coronel Harvey Colchado. Las tres autoridades fueron convocadas después de que parlamentarios del Apra y Fuerza Popular acordaran exigirles explicaciones por la muerte de Alan García.
La sesión en la que se tomó el acuerdo estuvo cargada de burdas insinuaciones. Se escuchó a la congresista Lourdes Alcorta decir, por ejemplo, que nadie sabe lo que pasó con el exmandatario que hasta pudo ser un asesinato. Y al congresista Carlos Tubino espetar ceñudo que se le encargó a la Diviac la detención de García y que (este) terminó muerto.
Pero resultó realmente inaudito escuchar a Jorge del Castillo, presidente de la comisión, reclamando airado que la Policía no hubiera impedido que Alan García se autolesione; cuando fueron sus compañeros de partido y sus amigos más cercanos, entre los que se encontraba el propio Del Castillo, quienes escucharon a García, repetidas veces, decir que se mataría si el Poder Judicial le dictaba prisión preliminar o preventiva, y ninguno tomó precaución o hizo algo efectivo para impedirlo.
Cuando un amigo o un familiar empieza a hablar de suicidio, los amigos o los familiares están en la obligación moral de internarlo en una clínica, de ayudarlo, de acompañarlo, de hacer todo lo posible para evitar que se lastime o elimine. Eso lo sabe todo individuo meridianamente informado y, con mayor razón, los allegados a una persona depresiva o con rasgos de bipolaridad. Pero, al contrario, la mañana de la tragedia anunciada, Alan García estuvo acompañado únicamente de su personal de servicio.
Las crónicas que recogen los testimonios de sus íntimos –ninguna ha sido desmentida– confirman que el círculo próximo a García conocía su decisión y, sin embargo, guardó silencio. Nadie la filtró a la prensa para que la Policía, por lo menos, estuviera advertida, sus abogados no alertaron a la Fiscalía sobre su afectado estado de ánimo, su secretario custodió su carta de despedida durante cinco meses.
Pretender responsabilizar a los efectivos de la Diviac de la decisión determinante de Alan García y de la anuencia de quienes le escucharon anunciar su muerte más de una vez sin hacer nada, es indecoroso.
Usar una tragedia como pretexto para castigar del Gobierno al que pretenden culpable por no interferir en la autonomía del Ministerio Público y evitar así el rigor que aplican los fiscales contra los políticos sospechosos de corrupción, es escandaloso.
Hace tiempo el Apra y el fujimorismo quieren las cabezas del ministro Morán y del coronel Colchado, jefe de la Diviac. Con la del primero pretenden desestabilizar un poco más al Gobierno, que consideran su enemigo, pero con la del segundo quieren trapear el piso, no le perdonan que haya desactivado la estructura de poder e influencia que ellos habían reconstruido al interior del Poder Judicial, aliándose a la escoria a la que la Diviac bautizó como la banda de Los Cuellos Blancos.
Los defensores de Hinostroza y Chávarry deberían avergonzarse por pretender utilizar un hecho cruento y fatal para vengarse.