Coima general

Sorprende que el alto mando policial y el Ministerio del Interior hayan dejado pasar por largos meses una situación tan irregular en la PNP. Es decir, que dos oficiales denunciados por haber sido ascendidos de manera dolosa –coima de por medio– gracias a la mafia que se había enquistado en el poder bajo la égida del expresidente Castillo se mantuvieran todavía en el servicio.

Sorprende, decimos, porque no se trata de dos oficiales cualquiera sino de los jefes policiales nada menos que de las regiones Lima y Callao, como alertó ayer Perú21. Nos referimos a los generales Roger Pérez Figueroa y Jorge Castillo Vargas.

La información obraba en manos del comando policial y del Mininter prácticamente desde que salieron a la luz las denuncias, expuestas en su momento también por este diario. Y no solo no fueron apartados ni sometidos a investigación disciplinaria interna, sino que se les terminó premiando con las jefaturas de dos jurisdicciones medulares para la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia.

Ha tenido que llegar la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el golpista Pedro Castillo para que estos malos oficiales –y quienes los apañaron– queden en evidencia, pues el expediente involucra un total de diez generales en esta trama de sobornos para ascender en el escalafón de la PNP.

“Dichos oficiales habrían realizado donativos económicos a favor del entonces presidente de la República, Pedro Castillo, tanto de manera directa como a través de terceros, por sumas que oscilarían entre veinte mil y cuarenta mil dólares americanos cada uno, que eran entregadas a través del presunto ‘cajero’ de la organización criminal el suboficial PNP Jorge Tarrillo”, sostiene Benavides en el texto de su denuncia.

Estos uniformados pagaron a la organización criminal –que según la tesis fiscal dirigía el propio Castillo– para ser ascendidos de coroneles a generales y entre ellos estaban los dos oficiales mencionados que, muy campantes, fueron hasta “premiados” al ponerlos al mando de dos poderosas regiones policiales.

Como no podía ser de otra manera, la denuncia constitucional ha remecido los cimientos de la PNP. La ciudadanía espera una respuesta contundente y pronta del Ministerio del Interior.