Esta semana, Lima ha sido testigo de dos eventos que, lamentablemente, no nos sorprenden, pero han puesto en evidencia los retos que enfrenta nuestra ciudad en términos de gestión y seguridad. El primero de estos eventos ha sido el controvertido pedido del alcalde Rafael López Aliaga para utilizar la vía exclusiva del Metropolitano, alegando la necesidad de llegar puntualmente a sus reuniones de trabajo. Este pedido no solo generó indignación en medios y redes sociales, sino que también expuso la desconexión entre la autoridad municipal y los ciudadanos comunes, quienes diariamente sufren el caos del tránsito limeño.
Es alarmante que, en lugar de buscar soluciones estructurales a los problemas de movilidad, el alcalde –quien ahora se lanza a la Presidencia de la República- pretenda un trato privilegiado. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ahora tiene la competencia sobre el transporte público, pero la municipalidad sigue siendo responsable de la gestión del tránsito.
Esto requiere un esfuerzo coordinado para que proyectos como el Metro de Lima y la reestructuración de rutas del transporte funcionen en armonía con las medidas de gestión del tráfico, como la semaforización y la mejora de la movilidad urbana. Sin embargo, la realidad nos muestra un déficit en estas acciones articuladas, como lo demuestra la cuestionada “idea” del viaducto en Nicolás Arriola, una obra criticada por no ofrecer soluciones sustanciales a la congestión vehicular.
De pura casualidad, uno de los grupos de alumnos de la Clínica Jurídica en Ciudades Sostenibles de la Pontificia Universidad Católica del Perú enfocó su trabajo en las vías exclusivas del Metropolitano. Su preocupación era identificar —desde una perspectiva legal— cómo incrementar la seguridad vial producto de las invasiones de estas vías.
Ellos hicieron un análisis comparativo de los protocolos de uso de vías exclusivas en otros sistemas de transporte, como el TransMilenio de Bogotá. En este modelo, el uso de la vía exclusiva por vehículos ajenos al sistema no solo requiere una comunicación previa, sino también una capacitación.
La ATU puede mejorar el protocolo que ha aprobado hace poco e incorporar este tipo de requisitos, a la vez que prevenir que cualquier autoridad quiera atribuirse ventajas que no le corresponden, usando de argumento lo que se supone son escenarios excepcionales. Solo así podremos aspirar a una ciudad más segura y ordenada, donde el bienestar de todos los ciudadanos sea la prioridad y no el privilegio de unos pocos.
