Carta volteada

La rotunda derrota de la opción Rechazo al texto de la nueva Constitución en el plebiscito del pasado domingo debe dejarnos conclusiones para el Perú que deberían tomarse en cuenta.

Las ideas de los grupos de izquierda radical, por más llamativas que suenen, no deben imponerse al resto del país, que busca una mejor economía, trabajo y progreso en un marco de reglas claras que promuevan inversión y desarrollo. Como opinan los analistas, la falta de representatividad de la población chilena en el texto que se sometió a consulta popular fue uno de los elementos que generó el rechazo mayoritario.

Si bien el casi 80% de los chilenos votó por una nueva Constitución que reemplazara a la que la dictadura de Pinochet puso en vigencia, el extremismo del nuevo texto no caló en la ciudadanía. Al final, las ánforas rechazaron lo que en las calles se intentó imponer a la fuerza y con violencia.

El presidente Gabriel Boric ha tenido que ajustar su gabinete –convocando a figuras del centro político– y dar marcha atrás en algunos de sus proyectos más radicales. Se trabajará, en adelante, en una nueva Carta Magna que incorpore otros puntos de vista y pueda generar consensos y, de paso, atenuar así la peligrosa polarización que se está viviendo en muchos países de la región.

En el Perú, sin embargo, la reforma constitucional, tan promovida por Perú Libre y el Gobierno, no cuenta ni de lejos con el apoyo que la iniciativa sí tuvo en el país vecino. La nuestra es una realidad completamente distinta.

El proceso constituyente generó en Chile una pérdida enorme de tiempo y dinero que el Perú no podría permitirse: como ha informado Perú21, todo el proceso se gastó el equivalente a unos 638 millones de soles, contando viáticos, salarios, oficinas, asesores y demás burocracia.

En nuestro país, la idea de convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna no es más que el capricho ideológico de una minoría no representativa que carece completamente de apoyo. Y lo que es peor, basta ver cómo se conducen sus promotores tanto en el Congreso como en el Ejecutivo para entender que se trata de una propuesta descabellada y ajena a la realidad peruana.