Carta blanca

La semana que pasó dejó más de 20 muertos en Bolivia. ¿La reacción del autoproclamado gobierno de transición? Emitir un decreto para eximir a los militares de responsabilidades penales al enfrentar a civiles. El documento, firmado por la ultraconservadora Jeanine Áñez y sus ministros, autoriza a las Fuerzas Armadas a usar los medios disponibles para restablecer el orden, poniendo a su propia población en la mira de los rifles. Es una barbaridad.

¿Cuál es la necesidad cuando los límites en el uso de la fuerza militar contra civiles están bien claros en el derecho internacional y local? La única lógica detrás del decreto de marras es el mensaje que trae: un aval ante posibles abusos y un estímulo para la persecución armada. Así se rompe la negociación política y la transición ordenada para dar paso a la represión.

No conozco ningún caso similar reciente en Latinoamérica. Ni en las dictaduras sangrientas de Videla y Pinochet ni durante el gobierno de Alberto Fujimori ni en el régimen de Maduro, se estableció por ley una carta blanca como esta para violar oficialmente derechos humanos.

El intento de atornillamiento en el poder de Evo Morales no justifica un silencio cómplice ante esta barbaridad injustificable. Es un precedente que nos podría tocar la puerta en cualquier momento, poniendo a la derecha o a la izquierda, a los oficialistas o a la oposición, a los evangélicos o a los ateos, a cualquiera de nosotros, en una situación de desprotección y amenaza. Que exista un levantamiento opositor no legitima la sangre y el fuego.

Que no se les olvide que la democracia no solo está para hacer cumplir la voluntad de los vencedores, sino también para proteger y dar garantías a los derrotados. Las peores tiranías son las que olvidan este principio fundamental.