Reparando los destrozos

Lo ocurrido en el Congreso el pasado fin de semana no es sino un choque frontal entre poderes del Estado. Otra vez.

Un sector del Parlamento quería eliminar su inmunidad y otro reformarlo. Un inoportuno mensaje del presidente Vizcarra en que amenaza con que, si el Congreso no elimina su inmunidad, él enviaría un proyecto para que sea sometido a referéndum, solo contribuyó a incrementar la intensidad de la colisión.

Dicho sea de paso, el presidente se equivoca al creer que puede convocar a referéndum para modificaciones constitucionales. Esto solo procede si el Parlamento lo aprueba primero. El mandatario puede hacer cuestión de confianza, pero desde el próximo 28 de julio ya no puede volver a cerrar el Congreso, por ser su último año.

Está claro que el presidente y sus asesores vieron aquí una oportunidad para golpear al desprestigiado Legislativo, cosa que tantos réditos le ha dado en el pasado, y parar su caída permanente y constante en las encuestas. Asimismo, era un tema ideal para distraer la atención de las graves acusaciones contra su personal de confianza y familiares.

El Congreso aprobó eliminar su inmunidad con algunos candados y eliminó también el antejuicio a altos funcionarios: presidente, ministros, defensor del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, Corte Suprema, Fiscalía de la Nación y otros. Es decir, “no hay protección para nosotros ni para nadie”.

Se produjo el choque por el oportunismo del presidente y la hepática reacción del Parlamento. Los dos poderes no fueron capaces de dialogar, persuadir y convencer al otro, que es lo que se hace en democracia. El presidente Vizcarra nunca supo manejarse bien con el Congreso. Eso se vio desde el tema del aeropuerto de Chinchero y la Contraloría, que se ventilaba en el Legislativo anterior y que terminó en su renuncia como ministro de Transportes, y hasta la disolución del mismo Congreso.

No se sabe mover en un régimen con división de poderes en el que nadie tiene el poder absoluto y se debe concertar para sacar adelante los grandes temas nacionales. Por su lado, el Parlamento actual no ha tenido la capacidad de promover un amplio debate sobre el tema de la protección que los altos funcionarios del Estado deben tener. En cambio, se modificaron cinco artículos de la Constitución como quien modifica el reglamento de un campeonato de fulbito del barrio.

La presidenta del Tribunal Constitucional ha declarado que si les retiran la protección del antejuicio, los tribunos estarían expuestos a ser procesados en razón de los votos que emitan. Es correcta su apreciación, ¿pero esto no es válido para los congresistas también?

Además, los congresistas tienen la función de fiscalizar y enfrentarse al poderoso. Henry Pease denunció en el Pleno la masacre de la Cantuta por parte del grupo Colina con información preliminar que todavía no estaba confirmada. Tenía inmunidad. Vitocho García Belaunde se enfrentó a la mafia de Orellana y, como tenía inmunidad, este no le abrió procesos judiciales a él, pero sí a todos los miembros de su familia.

El problema que hubo no fue la inmunidad de los congresistas, sino con el levantamiento de la misma. Es verdad que gente que venía siendo procesada fue blindada por la mayoría fujimorista con la condición de que los acompañen con sus votos. Usaron su mayoría para no levantar esa inmunidad como correspondía, produciéndose situaciones inaceptables que no se deben volver a repetir. ¿Pero si el que decide si procede el levantamiento de la inmunidad es un ente externo al Parlamento?

La mayoría de los congresos del mundo tienen mecanismos de protección para sus integrantes. Dejar a un congresista sin protección es como mandar a un soldado sin casco a la batalla y lo mismo ocurre con los altos funcionarios del Estado. ¿Qué hacer entonces?

Se debe modificar el dictamen manteniendo la inmunidad a los congresistas, pero delegándole a un ente externo, que puede ser la Junta Nacional de Justicia o la Corte Suprema, entre otros, la facultad de decidir el levantamiento de la misma. Y, por supuesto, mantener el antejuicio a los altos funcionarios.

Se ha producido un choque, pero todavía estamos a tiempo de reparar los destrozos.