notitle
notitle

Juan José Garrido,La opinión del directorLa opinión pública puede cumplir un rol fundamental en nuestro proceso de reformas y desarrollo. Lo cumplió a comienzos del tercer gobierno fujimorista, lo ha cumplido durante estos años para suspender diversas acciones hostiles contra el marco económico y político (caso Repsol, la repartija, entre otros), y por ello podría desempeñar un papel importante para que se realicen las reformas pendientes.

Son evidentes las reformas que necesitamos para lograr el estatus de desarrollados: del Poder Judicial, del absurdo marco laboral y tributario, de la seguridad (física y frente al crimen organizado), entre otras. ¿Por qué no se percibe a la opinión pública en las reformas ausentes?

La primera respuesta, imagino, se encuentra en el "problema del polizón". En las ciencias sociales, particularmente en la economía, se llama polizones a los individuos que consumen más de lo que deberían de un bien o servicio. Este problema es muy frecuente cuando se trata de bienes públicos. La Nobel Elinor Olstrom los define magistralmente: un bien que está disponible a todos y del cual el uso por una persona no substrae del uso de otros. En otras palabras, pueden disfrutar múltiples personas sin afectar el uso en simultáneo de otros.

Y eso es lo que pasa con muchas de nuestras instituciones: todos sufrimos la corrupción del Poder Judicial, pero a ninguno le sale a cuenta tratar de hacer la diferencia denunciándola o absteniéndose de la misma cuando está en riesgo un litigio. O en el caso tributario: ¿para qué pago impuestos si mi vecino no los paga, pero igual se beneficia de los servicios públicos?

Las sociedades más desarrolladas han lidiado con este problema de dos maneras: han creado los incentivos positivos para que los costos tengan sentido económico (buena educación, salud, infraestructura, entre otros) y han implementado mecanismos que penalicen a los "vivos" que tratan de sacarle la vuelta al sistema.

Localmente, no hemos hecho ni lo uno ni lo otro. El polizón podrá ser despreciable en la teoría, pero tiene sentido en la práctica: en un país donde los ingresos aún son bajos, ¿para qué destinar recursos a un agujero negro que los devora sin brindar nada bueno a cambio? Y si no lo hicieran, ¿se imaginan las tasas de desempleo si cada una de las PYME siguiera las leyes laborales?

En nuestro caso, creemos, es el Estado quien debería dar el primer paso mejorando sus servicios antes de esperar que el ciudadano pague por nada a cambio. Empero, ¿por qué razón cambiaría el Estado si el statu quo lo favorece?

Por ello, es la opinión pública la llamada a actuar y a exigir un cambio en el Estado. Los organismos públicos difícilmente cambiarán por motivos internos; somos nosotros, la sociedad civil, la llamada a cuestionar y exigir las reformas. Y si no lo hacemos, pronto, será cada vez más difícil el retorno al cauce adecuado.