Buena pro de Gasoducto del Sur se entregó a un único postor

Aún no había terminado la ceremonia del otorgamiento de la buena pro del proyecto del Gasoducto del Sur al consorcio integrado por Odebrecht (Brasil) y Enagás (España), cuando una denuncia comenzó a ensombrecer aquella adjudicación que significará un desembolso de US$7,328 millones, que pagaremos en parte todos los peruanos.

En el mismo auditorio donde se realizaba la actividad oficial, en San Isidro, el representante del consorcio Gasoducto Peruano del Sur (Sempra, Techint, TGI y GDF Suez), Alejandro Segret, manifestó ayer que ProInversión –entidad estatal a cargo de la licitación– descalificó a su representada a las 8 y 30 de la mañana, cuando el viernes último le habían otorgado de manera oficial un plazo para subsanar una observación a su oferta, que recién vencía a las 9 y 30, es decir una hora después.

"Se nos ha descalificado sin darnos tiempo si quiera de presentar nuestros descargos, violando nuestros derechos", dijo Segret a la prensa.

Consideró que si ProInversión no los retiraba a último minuto del proceso, hubieran ganado la buena pro, pues su propuesta económica (US$7,192 millones) era US$136 millones menor que la de su competidora.

Debido a esta situación, afirmó que el grupo de empresas que representa está evaluando plantear una impugnación a la adjudicación.

Este consorcio había presentado a último momento, el jueves pasado, una carta con la modificación de su composición: la firma francesa Suez redujo su participación de 25% a 2% en el grupo.

VERSIÓN OFICIALPor su parte, el presidente del Comité de pro Seguridad Energética de Proinversión, Edgard Ramírez –responsable de la licitación– sostuvo que la asociación de compañías descalificada había transgredido las bases del concurso público al cambiar su conformación.

Sin embargo, confirmó que sí se les había concedido un plazo para que corrigiesen la modificación en su composición empresarial.

Explicó que posteriormente pidieron la asesoría y opinión legal a dos estudios de abogados: Delmar Ugarte y Echecopar. Y fue así que concluyeron que no había subsanación posible y que el consorcio había sido descalificado cuando presentaron la carta informando del cambio.

EXTRAÑOS VÍNCULOSPero ambos bufetes tuvieron diferentes grados de relación con la firma Odebrecht, según indagaciones de Perú21.

En el caso de Delmar Ugarte, la compañía brasileña figura entre sus principales clientes, de acuerdo con su propio sitio web oficial.

Incluso, dos de los abogados del mencionado estudio trabajaron directamente para esa empresa antes de ingresar al bufete. Mariana Simoes fue directora jurídica de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, y fue su representante en millonarios proyectos gasíferos, de irrigación e hidroeléctricos. Miguel Ronceros fue asesor local de la firma para la construcción de la Carretera Interoceánica.

En estudio Echecopar, uno de sus socios también brindó asesorías a Odebrecht.Pero según Ramírez, de ProInversión, no hay conflicto de intereses en estos casos debido a que se trata de un asunto técnico-legal.

SABÍA QUE

- ProInversión señaló que el consorcio Gasoducto Peruano del Sur "no iba a estar en condiciones de subsanar las observaciones hechas".

- "No sabemos cómo, dónde ni por qué llegaron a esa conclusión. Han violado nuestro derecho de presentar la subsanación y nuestros derechos constitucionales en un proceso que debió haber sido transparente", reclamó Alejandro Segret, del consorcio Gasoducto Peruano.