Como si el país no tuviese bastante con una pandemia que parece dispararse ya hacia una segunda ola de contagios y una debacle económica que tardará meses o años en ser superada, hay quienes están decididos a empeorar aún más el vía crucis por el que está pasando el Perú, desestabilizando a un gobierno de transición que no termina de consolidarse.
Si no, no hay otra manera de entender la andanada de paros, protestas y violencia que azota al país en estos momentos, cuando la ciudadanía se prepara para pasar unas navidades atípicas y que seguramente a pocos dejarán contentos, dadas las limitaciones con que serán celebradas, por razones de seguridad sanitaria. A contrapelo de la urgencia de que el país retome de una vez por todas la senda del crecimiento y la generación de empleos, fortaleciendo las industrias y el comercio que activan nuestra vida económica, y que emergen golpeadísimos de un año marcado por el COVID-19, estos días se ven sacudidos por desórdenes sociales en el sector agroexportador y la minería.
A los conflictos de la costa se le han sumado recientemente enfrentamientos en Las Bambas, Cusco, y el proyecto San Gabriel, en Moquegua, contra dos empresas mineras acosadas por demandas casi inalcanzables, que, como ha dicho Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), incluso desconocen acuerdos previos firmados con las propias comunidades que hoy protestan y exigen nuevos beneficios.
Algunos de estos reclamos podrán ser legítimos, pero el uso de la fuerza, la violencia, el bloqueo de carreteras no puede, como ya hemos insistido, convertirse en la herramienta habitual, “normalizada”, para negociar, pues el vandalismo no es más que un chantaje que –además de propiciar la infiltración de grupos extremistas– dista de ser la vía para llegar a acuerdos duraderos o legítimos. El gobierno debe mantenerse firme y restablecer el orden ante estas embestidas destructoras que no son más que la negación misma de la democracia.