Cómo es lógico, uno puede opinar y criticar sin problemas la actuación de un funcionario público (que, finalmente, es un empleado de todos los peruanos que pagamos su salario con nuestros impuestos). Y un juez es un empleado público. Y a una opinión, más aún sustentada en hechos, no se le puede exigir una rectificación (que sí una réplica).
Hace unos días la jueza Janet Lastra de Mollendo pidió que me rectifique por haber expresado varias veces que no valía la pena detener a los revoltosos de Tía María porque ella los soltaba. Y sustento sólido tuve entonces para criticarla: primero, no quiso ordenar prisión al revoltoso Jesús Cornejo, presidente de los regantes locales, y a otro amotinado. En otra audiencia posterior también liberó a 13 revoltosos detenidos por bloqueos y violencia callejera.
Tras su carta, ayer –y después de haber reprogramado demasiado esta urgente audiencia por casi un mes– la misma jueza Janet Lastra desestimó variar la prisión suspendida a cárcel efectiva a los dirigentes antimineros Pepe Julio Gutiérrez y Jaime de la Cruz (y cuatro más) a pesar de que estos dos hace rato han violado varias restricciones de conducta impuesta al instigar la violencia callejera, y uno encima se puso a negociar "lentejas".
Es decir, esta jueza es sistemáticamente benevolente con estos violentos agitadores, pero no se le puede criticar por esas decisiones, que tanto han ayudado a la violencia al generar una sensación de impunidad entre los revoltosos y tirar abajo toda la complicada y esforzada acción de policías y fiscales. Y que le mande también una carta rectificatoria a nuestra virtual presidenta Nadine Heredia, que también ayer le ha criticado por Twitter. ¿CNM, existes?