Por supuesto que las decisiones que toma el Congreso tienen consecuencias y peor aún cuando esas decisiones destruyen la institucionalidad del país y sobre todo favorecen a economías ilegales y hasta le dan impunidad a los delincuentes, como es en el caso de las medidas para debilitar el trabajo del Ministerio Público en su lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, que es uno de los principales problemas que afronta nuestra sociedad.
Lo más grave es el ocultismo y el querer sacar la vuelta al país, en un mundo donde la comunicación fluye y cualquier información puede ser destapada, así pretendan esconderla y hasta encubrirla. Cómo puede ser posible que el entonces premier de este gobierno, Alberto Otárola, haya ocultado la carta de la OCDE que lo exhortaba a hacerle un pare al Congreso en su pretensión de aprobar leyes que favorecen a la delincuencia, como debilitar la figura de la colaboración eficaz.
Peor aún, si todos sabemos que el Congreso lo hacía para cubrirse las espaldas, por la cantidad de delincuentes que tenemos hoy de congresistas, investigados, procesados y hasta prófugos de la justicia, por el prontuario que tenían antes de llegar al Parlamento; pero sobre todo, por los delitos de función que cometieron en gestión, basta enumerar a los ‘mochasueldos’ o los llamados ‘niños’ para darse cuenta de la cantidad de traficantes que hay. Otárola encubrió las acciones vedadas del Congreso al permitir que impulsaran estas leyes.
El Perú habría sido suspendido en el proceso de inscripción a la OCDE, aspiración que venimos trabajando hace una década. Puedo testimoniar este esfuerzo en mi periodo parlamentario, pero todo se fue al diablo porque no le importó al Gobierno el pedido de la OCDE, al contrario, fueron cómplices con su silencio.
La OCDE tiene estándares internacionales para la lucha contra la corrupción y la integridad que requiere que sus países miembros cumplan. Justamente uno de los Comités más rigurosos advertía en una carta a Otárola a mantener la legislación vigente sobre la colaboración eficaz y que si la cambiaban sería un obstáculo insalvable y congelaría nuestro proceso de adhesión.
Así que vamos olvidándonos de la posibilidad de ser parte de los países privilegiados que conforman la OCDE, que significaba un mejor posicionamiento del país para mayores inversiones y evidentemente sus exigencias mejoraban nuestras políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías.