Alas al desempleo

La amenaza del Ministerio de Trabajo (MTPE) contra quienes intenten “afectar” el Decreto Supremo 001-2022-TR, que limita severamente la tercerización laboral, es inaceptable. La bravata, sin ningún fundamento jurídico, se extiende además a los magistrados del Poder Judicial que se atrevan a otorgar medidas cautelares u otros recursos legales en favor de los afectados por la norma.

Según el insólito comunicado, el Ministerio de Trabajo podría recurrir incluso a “drásticas acciones en la vía penal y disciplinaria” para sancionar a los funcionarios insumisos (¿a qué se referirán con lo de “drásticas acciones disciplinarias”? ¿será una alusión a los chicotes de los ronderos?). Desde los tiempos de dictaduras civiles o militares no se sabía de un intento tan grotesco de intimidación del Ejecutivo hacia la autonomía del Poder Judicial.

Lo real y palmario, no obstante, es lo fuera de la realidad que está la ley, una estrábica iniciativa de la censurada exministra, Betssy Chávez. Su primer resultado será el despido inmediato de más de 240,000 trabajadores que actualmente se ganan la vida con empresas que ofrecen sus servicios bajo esa modalidad

Como ha dicho el experto Jorge Toyama en el diario Gestión: “Los países reconocen la importancia de las empresas que desplazan personal a sus clientes para ejecutar actividades que generan eficiencia y productividad (menos costos, más célere y sin mermas). Empresas de salud, infraestructura, minería, banca, educación, hidrocarburos, logística, consumo masivo, etc. contratan a empresas especializadas. Hasta el propio Estado terceriza…”. En ningún país de la OCDE, salvo el Leviatán mexicano, se limita la tercerización como se pretende hacer en el Perú, agrega.

Hasta la OIT ha señalado en repetidas oportunidades las ventajas de la tercerización en la generación de puestos de trabajo. Es una actividad que debe ser regulada, por supuesto, y fiscalizada permanentemente para evitar abusos, pero si se le bloquea con una reglamentación tan alejada de la realidad del país, lo único que se logrará será aumentar el desempleo y fomentar la informalidad, dejando en la calle o en el desamparo a miles de ciudadanos.

De mantenerse este decreto antitécnico, el Gobierno habrá dado un nuevo paso en contra de la economía de los peruanos.