Abuso de la inmunidad

En la Comisión de Constitución archivaron el dictamen que proponía que la inmunidad parlamentaria pueda ser levantada por la Corte Suprema sin necesidad de acudir al Pleno del Congreso. Así que –predeciblemente– las cosas seguirán como siempre: los únicos que podrán tocar la inmunidad son los propios congresistas, que seguirán siendo juez y parte, aun en casos de delitos comunes o cometidos antes de asumir como legisladores.

La figura histórica de la inmunidad parlamentaria está totalmente desnaturalizada por su uso abusivo y desproporcionado. El otoronguismo extendido ha colaborado en esta deformación, por lo que mientras sigamos teniendo una inmunidad tan absurdamente amplia, definitivamente los “blindajes” continuarán, como ocurrió flagrantemente en el caso Donayre.

Que Héctor Becerril, investigado por sus presuntos vínculos con los Temerarios del Crimen, haya participado en la comisión para oponerse a cualquier cambio, dice mucho del nulo espíritu reformista de este Congreso. Lo que hay es un equivocado sentido de cuerpo que ha hecho de la inmunidad una moneda de negociación.

Para ser claros, estoy a favor de la existencia de la inmunidad parlamentaria, pero no así. Los legisladores no deberían nunca ser procesados por opiniones políticas y los votos que emitan en el ejercicio de su función legislativa. Si se les quita esa protección, la amenaza de persecuciones lideradas por los opositores sería real. Pero ¿por qué un congresista tiene que tener inmunidad en casos que no tienen relación con su función legislativa? Ese es un privilegio injustificado que debería desaparecer.

*Mis condolencias a la familia de Carlos Chipoco. Desde nuestras diferencias, siempre vi en él un político agudo, inteligente y amable, una combinación poco frecuente en la política local.