Tienen mucho sentido las últimas disposiciones anunciadas ayer por el presidente Martín Vizcarra relacionadas al tránsito de la ciudadanía. No queda otra que ampliar la normativa de aislamiento social obligatorio con una nueva restricción que implica que, de ahora en adelante, la circulación de hombres y mujeres de cualquier edad tendrá días específicos, alternos, con el objetivo de achatar la curva de contagio.
Como explicó el mandatario en su mensaje, si bien se ha logrado ralentizar el aumento del número de infectados, es necesario bajar aún más el ritmo con que se expande el virus, con lo que la estrategia del ‘martillazo’ –puesta en práctica con el apoyo y análisis del equipo de expertos que asesora al gobierno en el tema– demanda un nuevo golpe para bajar las cifras de casos confirmados y mantenerlas lo más cerca posible de los recursos con que cuenta el Estado para atenderlos.
El COVID-19 necesita tanto de la proximidad física como de la movilidad social para expandirse y multiplicarse, de ahí que el avance del patógeno en el Perú no haya sido tan veloz y letal como en otros países –España, EE.UU., Brasil, Ecuador, México– que tardaron o están demorando en escalar sus medidas restrictivas, luego de las experiencias en China e Italia. En esa misma lógica se entiende el refuerzo del control de fronteras, anunciado por el primer ministro Vicente Zeballos, donde se sumarán nuevos destacamentos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al haberse detectado filtraciones.
El presidente declaró, además, que primero se reactivarán los sectores económicos que puedan controlar el coronavirus dentro de las empresas, y que cada ministro estaba preparando la estrategia para recuperar el sector a su cargo, pero de momento lo prioritario es la contención del coronavirus.
Por ello, toca una vez más ser responsables y observar estrictamente las disposiciones que acaban de ponerse en vigencia, sin excepciones o criolladas que valgan. La salud pública es hoy responsabilidad de todos.