Caracas. Un total de 10.477 protestas callejeras se registraron en las calles de Venezuela en el primer semestre de 2019, con una media de 58 manifestaciones diarias, en las que se produjeron, fundamentalmente, reivindicaciones políticas y sociales, informó este lunes una organización no gubernamental.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) confirmó en su informe semestral que el número de protestas se incrementó un 97 % en comparación con el mismo período del año 2018.
La ONG considera que la cifra "pone en evidencia la gravedad de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela" y deja ver como los derechos humanos de los venezolanos "son cada vez más vulnerados sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación".
Del total de manifestaciones, 4.777 correspondieron a exigencias por el "derecho a la participación política", 4.169 por "derecho a la vivienda/servicios públicos", 1.587 por "derechos laborales" y 697 por "derecho a la alimentación".
Las formas de protestas más comunes fueron las concentraciones callejeras, el cierre de vías públicas y las marchas, que sumaron el 74,75 % de las modalidades, que incluyen, además, cacerolazos y pancartazos.
Las manifestaciones, advierte la entidad, se produjeron en zonas rurales y urbanas del territorio nacional y "muchas fueron espontáneas realizadas por vecinos, vinculadas principalmente a exigencias de servicios básicos, alimentos y cambios políticos".
En el informe se resalta el incremento de las protestas en sectores populares, considerados "antiguos bastiones del chavismo" y las enfocadas a pedir "la renuncia de Nicolás Maduro y restablecimiento de la democracia".
Las regiones en las que se registraron más protestas fueron Miranda y el Distrito Capital, con 947 y 888 manifestaciones, respectivamente; además de los estados occidentales de Táchira (742), Trujillo (730) y Lara (716).
Según OVCS, durante el período enero-junio la crisis venezolana se agudizó de manera "acelerada e insostenible" a consecuencia del colapso de los servicios públicos (electricidad, agua potable y gas doméstico), la escasez de gasolina, las limitaciones crónicas al acceso a medicinas, insumos médicos y alimentos, entre otros.
El observatorio denunció que durante el período "arreció la política de represión", con el "uso de grupos de exterminio para reprimir" que, asegura, están "conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y colectivos paramilitares".
En su informe sobre Venezuela, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, recomendó al régimen de Maduro la disolución de las FAES y el establecimiento de un mecanismo nacional imparcial e independiente para investigar las supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas.
Según OVCS, de enero a junio se contabilizó "un saldo de 61 personas asesinadas durante las protestas" y además "6 víctimas de ejecuciones extrajudiciales" a consecuencia de "allanamientos y detenciones ilegales en viviendas donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones".
Venezuela atraviesa por un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró otro período de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional porque a los principales líderes opositores se les impidió participar en esos comicios.
En respuesta, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino alegando unos artículos de la Constitución venezolana.
Fuente: EFE
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