Río de Janeiro cierra el año con cifra récord de 12 niños muertos por balas perdidas

El último caso y precisamente el que más protestas ha generado fue el de las primas Emilly da Silva, de 4 años, y Rebecca Santos, de 7 años, que murieron el 4 de diciembre impactadas en el corazón y el hígado, respectivamente, por el mismo tiro de fusil, cuando jugaban frente a la puerta de su casa en una favela en Duque de Caxias, un empobrecido municipio del área metropolitana de Río.

La tragedia se produjo durante una supuesta operación policial contra un grupo de delincuentes y, pese a la negativa de los uniformados, el tiro doblemente mortal probablemente partió de uno de los fusiles usados por los policías.

Con sus muertes, y a falta de diez días para el fin del año, subió a 12 el número de niños de hasta 14 años muertos por balas perdidas en enfrentamientos con la policía en Río en 2020, casi el doble que los 7 registrados en 2019 y un récord desde 2007, cuando la ONG Río de Paz comenzó a contabilizar este triste índice.

De acuerdo con esta organización, el promedio de este tipo de muertes entre 2007 y 2015 fue de tres al año, pero, tras el desmonte de la política de seguridad que había instalado Unidades de Policía Pacificadora (UPP) dentro de las favelas para que los uniformados se implicaran más con las comunidades, el número saltó hasta 10 en 2016, el mismo que en 2017 y 2018, y ahora hasta 12 en 2020.

“Siempre que ocurren esas muertes creemos que todo va a cambiar, porque la fase más hedionda de la criminalidad en Río de Janeiro es la muerte de esos niños y niñas, pero nada cambia. Hay que recordar que la mayoría de esas víctimas son pobres y viven en favelas y ese es el motivo para que el poder público ignore sus asesinatos”, afirmó a Efe el presidente de Río de Paz, Antonio Carlos Costas.

De acuerdo con Costas, otra cosa en común entre las víctimas, además de ser afrodescendientes y pobres, es que sus asesinatos permanecen en la impunidad, especialmente cuando hay indicios de que los disparos que los provocaron procedieron de la policía.

“Las muertes siguen creciendo y nada cambia: las familias siguen desamparadas por el Estado, la autoría de los homicidios no es esclarecida, los asesinos no son castigados y no se produce ninguna modificación en la política de seguridad pública”, afirmó.

Tanto para Costas como para el especialista Daniel Hirata, investigador de la Universidad Federal Fluminense, la principal causa de esta tragedia es una política de seguridad que permite a la policía disparar dentro de las favelas en operaciones contra bandas de narcotraficantes sin preocuparse con la población civil.

“Es necesario que los policías sigan protocolos internacionales en este tipo de operaciones. Tendrían que hacerse algunas preguntas que nunca se hacen como ¿Esta operación es legal? ¿Tiene posibilidad de éxito? ¿Expone la vida de civiles inocentes? ¿Está enmarcada en un plan de seguridad pública?”, afirmó Costas.

“Las operaciones policiales están directamente vinculadas a la letalidad policial. Es en las operaciones policiales que más ocurren muertes en Río. Y los datos indican que las operaciones no son eficaces para reducir la criminalidad. Entre junio y septiembre las operaciones cayeron cerca del 70 % por una decisión judicial, y la criminalidad también se redujo”, dijo Hirata a Efe.

La reducción de las operaciones por algunos meses fue resultado de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que prohibió las operaciones policiales en las favelas mientras que la población estuviese confinada como medida para frenar el avance de la covid.

Pese a que la decisión judicial aún está vigente, el vicegobernador de Río, Claudio Castro, que asumió interinamente en septiembre tras la suspensión de Wilson Witzel mientras se le investiga por corrupción, decidió violarla con el argumento de que la policía no podía ser impedida de entrar a ningún lugar.

De acuerdo con Hirata, con Castro como gobernador, las operaciones doblaron en octubre con respecto a septiembre y las que registraron muertes saltaron en un 500%.

“Si antes de octubre ocurrían muertes en tres de cada diez operaciones policiales en Río, desde octubre ocurren muertes en ocho de cada diez operaciones”, afirmó el investigador.

Según datos de la secretaría de Seguridad Pública de Río, en octubre se registraron 145 muertes de civiles en enfrentamientos con la policía, el segundo mayor número para este mes desde que el dato comenzó a ser contabilizado en 1998.

Con una reducción de las operaciones luego de que la Corte Suprema le exigiera explicaciones públicas a la gobernación, el número de civiles muertos por la policía en operaciones cayó en noviembre hasta 80, con una reducción del 45 % frente al de septiembre y del 42 % en comparación con el mismo mes de 2019.

El récord de niños muertos por balas perdidas en enfrentamientos se produjo paradójicamente no sólo en un año en que las operaciones policiales fueron restringidas sino también en un año en que cayeron las muertes de civiles provocadas por policías en Río.

Según los datos de la secretaría, entre enero y noviembre los policías de Río provocaron 1.160 muertes, con una caída del 31 % frente a los once primeros meses de 2019 (1.690) y el menor número para el período desde 2018.

La policía de Río provocó 1.814 muertes en operaciones el año pasado, un récord que la confirma como una de las más violentas del mundo y que es atribuido a una política de seguridad que valora el enfrentamiento directo a la criminalidad en las favelas.

“Las víctimas preferenciales de la letalidad policial son los hombres negros residentes en favelas y áreas de pobreza. Un estudio reciente constató que, pese a que los negros representan el 55 % de la población brasileña, el 75 % de los muertos en enfrentamientos con la policía en el país son negros”, afirmó Hirata.

De acuerdo con los datos de la Red de Observatorios de Seguridad Pública, de las 1.814 personas muertas por la policía en Río el año pasado, 1.400 eran negras, lo que equivale al 86 %.

Otro estudio, del Fórum Brasileño de Seguridad Pública, mostró que entre 2017 y 2019 la policía mató a 2.215 niños y adolescentes (hasta 19 años), en su gran mayoría acusados de integrar bandas criminales, en 15 de los 27 estados de Brasil que recogen estas estadísticas. De las víctimas, un 69 % eran negros.

Para Hirata, así como el racismo estructural explica el elevado número de negros muertos en operaciones policiales, lo que explica el que las balas perdidas encuentren siempre a niños negros es tanto el racismo estructural, como la violencia policial y la impunidad en que quedan esas muertes.