Las organizaciones de derechos humanos han emitido un comunicado conjunto en el que condenan enérgicamente las acciones represivas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, exigiendo garantías para el derecho a la protesta y el respeto pleno a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad.
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"En el marco de las protestas en el contexto post-electoral en Venezuela y ante el uso desproporcionado de la fuerza que se ha documentado por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, las organizaciones firmantes exigimos respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica. Hacemos un llamado a las autoridades para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza”, comienza el comunicado firmado por ocho ONGs.
Las protestas se han desencadenado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuya transparencia ha sido cuestionada por la comunidad internacional. El Centro Carter, una de las misiones de observación internacional invitadas y acreditadas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, declaró que "la elección presidencial de 2024 en Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática".
Las organizaciones enfatizan que "las autoridades estatales y fuerzas de seguridad deben respetar el derecho a la protesta, cuya protección es esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos".
También subrayan la necesidad de evitar discursos que inciten a la violencia contra los manifestantes y la estigmatización de las organizaciones de la sociedad civil. Nicolás Maduro, en días previos a los comicios, había advertido de un "baño de sangre" si no resultaba vencedor.
Las ONGs firmantes, entre ellas Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Freedom House, han registrado al menos 11 personas fallecidas desde las elecciones, atribuyendo el uso de armamento letal a supuestos civiles armados vinculados con las fuerzas de seguridad. Las organizaciones condenan este uso y recuerdan que, según estándares internacionales, la fuerza letal no puede ser utilizada para el control de manifestaciones, y la privación del derecho a la vida por parte del Estado sería arbitraria y, en algunos casos, una ejecución extrajudicial.
El comunicado destaca que el contexto preelectoral y postelectoral en Venezuela ha estado marcado por represión y violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet. Las organizaciones han documentado cientos de detenciones arbitrarias posteriores al 28 de julio y continúan recibiendo información sobre nuevos casos en un entorno adverso.
Más de 749 personas fueron detenidas
La criminalización de la protesta es otra de las preocupaciones manifestadas, especialmente tras las declaraciones del Fiscal General Tarek William Saab, quien informó que más de 749 personas han sido detenidas en relación con las protestas, acusadas de actos violentos y delitos graves como terrorismo.
"Recordamos que el Estado de Venezuela está obligado, según su Constitución y el derecho internacional, a respetar y proteger los derechos de todas las personas manifestantes, así como de observadores, transeúntes y periodistas", concluyen las ONGs, subrayando la obligación de las autoridades venezolanas de desescalar la conflictividad y utilizar la fuerza de manera proporcional y diferenciada.
Interrupciones de internet en Venezuela
En medio del clima electoral que vive Venezuela, las interrupciones de internet por parte del régimen han sido un tema de creciente preocupación. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado que estos cortes afectan gravemente la libertad de expresión y el acceso a la información, derechos fundamentales en cualquier democracia.
"El acceso a internet está íntimamente relacionado con el derecho a la protesta, pues permite denunciar abusos, comunicarse en tiempo real y organizarse de manera pacífica". Las interrupciones del servicio de internet no solo dificultan la movilización de la población, sino que también impiden la denuncia de irregularidades y abusos por parte de las autoridades.
Los bloqueos de internet, comúnmente utilizados como una herramienta de represión, han generado críticas a nivel internacional. "Las restricciones al acceso a internet durante contextos de protesta son una forma de control para limitar la capacidad de la población de movilizarse y ejercer sus derechos libremente dentro y fuera del espacio digital", recalcaron las organizaciones en su comunicado.
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