Ortega sin rivales

El pasado miércoles la Organización de los Estados Americanos (OEA) lo dijo claro: en Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega tiene un empeño por “minar” el proceso electoral y no cumple con los criterios mínimos para realizar elecciones de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, el instrumento regional de la defensa de la institucionalidad. Por ello, la entidad reiteró su llamado a “la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos”. También pidió expresamente a Ortega hacer reformas electorales. La carta de la OEA fue firmada por los 26 de los 34 miembros del bloque. Argentina, Bolivia y México se abstuvieron de dar su apoyo.

Desde Managua la respuesta también fue directa. “Nadie debe intervenir por el derrotero de nuestra vida institucional”, dijo el embajador Michael Campbell. Una clara muestra del pensamiento sandinista. De la dictadura de Ortega, en realidad.

Daniel Ortega alguna vez fue un líder revolucionario que luchó por la libertad de Nicaragua frente a la dinastía de los Somoza, pero hoy solo maneja “esa retórica que no tiene base en la realidad. La tiene simplemente por conveniencia”, indica el internacionalista Francisco Belaunde a Perú21. El mandatario nicaragüense permanece en el poder desde 2007 (su primer periodo fue del 85 al 90), pero ahora se encamina a su tercera reelección con el control de todos los poderes en el país (el Ejecutivo junto a su esposa, Rosa Murillo; el Legislativo, con mayoría de diputados del SDLN; y el Judicial con partidarios del FSLN). Para tal fin, se ha valido de una serie de leyes aprobadas a mediados de año por la Asamblea Nacional que les permite ‘cazar’ a todos sus opositores.

La primera norma impide a cualquier opositor considerado “golpista” o “traidor de la patria” postularse a un cargo de elección popular. Otra es la legislación de Agentes Extranjeros, que bloquea el financiamiento internacional para las ONG, medios de comunicación, sociedad civil y opositores.

“Desde que el proceso se inició, estaba claro que Ortega haría de todo para ser reelegido. Fue eliminando uno tras otro a sus rivales, que, a pesar de todo lo que se vive desde hace varios años, habían decidido inscribirse. Todo este proceso es una pantomima; es cualquier cosa menos una elección y no debe ser reconocida por la comunidad internacional”, indica Belaunde.

Todo comenzó en el 2 de junio de este año, poco después de que Cristiana Chamorro –una periodista influyente e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, que le arrebató las elecciones a Ortega en 1990– anunciara su candidatura. Ella, quien era la favorita para enfrentar y vencer a Ortega, se mantiene en arresto domiciliario.

Lo que vino luego fue la continuación de la cacería, con lo cual Ortega preparó un terreno adecuado para sus fines. “El panorama actual es siniestro, a tal punto que ya no hay manifestaciones. Luego de la crisis de 2018 (que dejó 300 opositores muertos y provocó el exilio de otras 100 mil), la población está intimidada”, explica Belaunde.

En las elecciones no participarán, además, tres partidos políticos opositores (Ciudadanos por la Libertad, Partido Restauración Democrática y Partido Conservador), a los que el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo, canceló su personalidad jurídica bajo el argumento de que violaron la Ley Electoral.

Unos cuatro millones y medio de nicaragüenses mayores de 16 años están aptos para votar el 7 de noviembre próximo. Con los siete principales aspirantes encarcelados, los cinco que irán a competir con Ortega no cuentan con el mínimo de apoyo, por lo que no representan una amenaza al sandinismo. Asimismo, tampoco habrá observadores internacionales –aquellos que pueden decir si una elección ha sido correcta o no– debido a unas reformas del gobierno.

El camino para Ortega se encuentra libre y todo parece estar consumado. El autoritarismo se vanagloria y se refuerza en la región. Como sostiene Belaunde, “los autoritarismos están aumentando. Tenemos a Venezuela y Cuba, pero también en El Salvador está cada vez todo más complicado, al igual que Honduras. También Bolivia o Brasil. Como dice Luis Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, la democracia en la región está pasando por un pésimo momento”.