ONU pide a Ortega poner fin a la violencia en Nicaragua

La crisis política y la violencia social que se vive en Nicaragua están en los ojos de la comunidad internacional. Diversos organismos expresaron ayer su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país y la necesidad de que el gobierno de Daniel Ortega adopte medidas urgentes para evitar mayor pérdida de vidas humanas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, emitió ayer un pronunciamiento en el que pidió al Gobierno que cese la violencia estatal y desmantele a los elementos armados progubernamentales, “quienes de forma creciente han sido responsables de la represión y los ataques” que han dejado más de 250 personas fallecidas.

“Aquellos que han instigado o permitido que estos elementos armados actúen también deben rendir cuentas ante la justicia”, aseveró Zeid.

Según el comisionado, la violencia y la represión observadas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril, son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho.

Pero la condena internacional también vino de Estados Unidos. Ese país sancionó al jefe de la Policía de Nicaragua y consuegro del presidente nicaragüense, Francisco Díaz, así como al vicepresidente de la petrolera Albanisa, Francisco López, y al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno Briones, por abusos contra los derechos humanos y corrupción.

Los sancionados verán congelados todos sus activos en los Estados Unidos y tendrán prohibido hacer transacciones financieras en ese país.

Altos funcionarios estadounidenses precisaron que las sanciones son un mensaje al resto de funcionarios nincaragüenses que apoyan la violencia.

Pero eso no es todo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que ha adoptado medidas cautelares para proteger a 64 personas, entre ellas un sacerdote, estudiantes y periodistas, que participaron en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.

La medida fue adoptada porque esas personas afrontan el riesgo "grave y urgente" de sufrir un "daño irreparable" para sus vidas o integridad física.

Pese a ello, una nueva y violenta incursión de fuerzas del gobierno en la ciudad de León, donde la población se manifiesta contra Daniel Ortega, dejó cuatro jóvenes muertos y uno desaparecido, denunció la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.

Los jóvenes fallecidos fueron identificados como Danny Ezequiel López Morales, Júnior Alexander Núñez Rojas, Alex Enrique Machado Vásquez y Henry Danilo Sandino, mientras que Álvaro José Ramos fue reportado como desaparecido.

La crisis que vive Nicaragua es la más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y ha dejado más de 300 muertos y más de 2.500 heridos.