El juicio contra los líderes independentistas catalanes continuó hoy en Madrid con el alegato inicial del fiscal Javier Zaragoza.
Este afirmó que "nadie es o ha sido perseguido por sus ideas, sino por sus acciones".
El objeto de este juicio "no es el independentismo" sino "los gravísimos hechos" que tuvieron lugar en septiembre y octubre de 2017 en España, indicó.
Entonces, el gobierno regional catalán organizó un referéndum ilegal y luego proclamó la independencia, añadió Zaragoza.
Las palabras del fiscal llegaron después de que algunos abogados de las defensas plantearon ayer que el juicio tiene un carácter "político" contra el independentismo y que se está produciendo una vulneración de los derechos fundamentales de los acusados.
El fiscal recalcó que los acusados "llevan años proclamando, defendiendo, este proyecto político independentista", incluso convocando y participando en actos y manifestaciones, sin que hayan sido perseguidos o arrestados.
Al contrario, Zaragoza insistió en que el hecho de ser político "no es una exención" para cometer delitos, y aseguró que la acusación de que se ha vulnerado los derechos de los acusados es "tan ridícula como injustificada".
El fiscal señaló que "estamos ante un juicio en defensa de la democracia española" frente a quienes "pretenden crear una visión distorsionada de la realidad" a fin de desprestigiar a la justicia de España, "cuestionar la calidad democrática de nuestro Estado de derecho" y "sentar al Estado en el banquillo".
Rebatió también algunas de las cuestiones previas planteadas por los abogados defensores, como la supuesta imparcialidad del tribunal o la falta de tiempo que han tenido para preparar la defensa.
El juicio en el Tribunal Supremo español escuchará hoy los planteamientos de las tres acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular que representa el partido de ultraderecha Vox) para proseguir luego la vista oral.
Una vez que las tres acusaciones se pronuncien sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas, los siete miembros del tribunal decidirán cómo las resuelven: si sobre la marcha, si esperan a la sentencia o si detienen el juicio para analizarlas.
Si la vista continúa, comenzará el turno de las declaraciones de los acusados y el primero de ellos será el exvicepresidente del Gobierno regional catalán Oriol Junqueras, el cargo más destacado de los que se sientan en el banquillo.
Junqueras era el número dos del Ejecutivo presidido por Carles Puigdemont, bajo cuyo mandato se celebró el referéndum de independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017 -declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Posteriormente auspició la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán el 27 de octubre del mismo año.
Por ello, la Fiscalía lo acusa de rebelión y malversación de fondos públicos y pide para él una pena de 25 años de cárcel, igual que Vox, aunque la abogacía del Estado lo acusa de sedición y malversación y reduce la petición de pena a 12 años.
El resto de los acusados afronta peticiones de penas de entre 7 y 17 años por parte de ambas acusaciones, aunque Vox solicita condenas mucho mayores.
Agencia EFE