El presidente estadounidense, Donald Trump, apoya la posibilidad de "mejorar" el sistema federal de control de antecedentes criminales para los compradores de armas, aseguró la Casa Blanca este lunes.
Este anuncio se dio como un aparente gesto en medio de las cruzadas contra la venta de armas en el país norteamericano tras el tiroteo del miércoles en Florida, donde murieron 17 personas.
"El presidente habló el viernes con el senador (republicano John) Cornyn sobre el proyecto de ley bipartidista que presentaron el senador (demócrata Chris) Murphy y él para mejorar el cumplimiento a nivel federal de la legislación de verificación de antecedentes criminales", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.
"Aunque las conversaciones continúan y se están considerando cambios (al proyecto de ley), el presidente apoya los esfuerzos para mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes", añadió.
El proyecto de ley al que hace referencia la Casa Blanca tiene un alcance muy limitado, pero llega en medio de un nuevo clamor para ampliar el control de armas de fuego en Estados Unidos, tras el tiroteo que el pasado miércoles dejó 17 muertos en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Florida).
Donald Trump es un defensor de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), un poderoso grupo de presión que se opone a cualquier límite a la posesión de armas en Estados Unidos, y en su respuesta a los tiroteos registrados durante su presidencia nunca ha mencionado la necesidad de un mayor control de armas.
De hecho, un mes después de llegar al poder, Trump firmó una ley que suspendía una regulación de su predecesor, Barack Obama, para impedir que las personas con problemas mentales puedan acceder a la compra de armas.
El proyecto de ley de Cornyn y Murphy fue presentado en noviembre pasado, y obligaría a aplicar el requisito ya existente de que las agencias federales informen de cualquier crimen al Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Criminales (NICS, en inglés) del FBI.
También crearía incentivos financieros para que los estados informen al NICS de cualquier ofensa criminal, con el objetivo de fortalecer esa base de datos y prevenir que aquellas personas con antecedentes criminales puedan adquirir un arma de fuego.
No está claro si el Congreso sería capaz de aprobar medidas que fueran más allá del plan limitado de Cornyn y Murphy, dado que en 2013, tras un intento del entonces presidente Obama de aumentar el control de armas, el Senado rechazó ampliar los exámenes de antecedentes pese al consenso que eso generaba en el país.