¿Cómo alguien que ha participado en una sublevación en contra del Estado, habiendo jurado ante la Constitución de ese país que respetaría las normas internas, pretende postular a la Presidencia de ese mismo país? Esa es la pregunta que intentó resolver una corte estadual de Estados Unidos y que, finalmente, por mayoría, decidió sacar de carrera electoral nada más y nada menos que a Donald Trump, figura política preponderante y exmandatario de aquel país, quien pretendía ocupar nuevamente la Casa Blanca.
La Corte Suprema de Colorado, en una decisión sin precedentes en el país norteamericano, resolvió que Trump está “descalificado” para participar en las elecciones primarias y tentar la reelección, apelando a la Enmienda 14 de la propia Constitución, acusándolo de insurrección por los disturbios suscitados en el Capitolio en enero de 2021, cuando partidarios suyos ingresaron a la fuerza a dicha sede del Congreso intentando boicotear el traspaso constitucional hacia la nueva administración del actual presidente, Joe Biden. Un acto de vandalismo que le costó la vida a cinco personas, entre ellas, un policía.
El fallo, rebatido rápidamente por el portavoz de Trump y que será apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría republicana, ha despertado inquietudes sobre su alcance. ¿Puede tener un efecto cascada en otras cortes del país y bloquear definitivamente esa postulación?
ANÁLISIS DEL CASO
El internacionalista Francisco Belaunde Matossian analiza el caso y lo que puede venir en la agitada vida política estadounidense por estos días.
En conversación con Perú21, recordó que la resolución judicial de Colorado fue muy ajustada, por un margen de cuatro votos a tres, y que la Enmienda 14 se refiere a ex-funcionarios y no explícitamente a expresidentes. Aunque, aseguró, los magistrados tienen cómo fundamentar la interpretación que le han dado a la norma para hallar una base legal al respecto.
Recordó, además, que la Corte Suprema de Estados Unidos “tiene mayoría conservadora, muchos de ellos nombrados por el mismo Trump. La decisión de la Corte de Colorado tiene efecto suspendido hasta que no se pronuncie la Corte Suprema General; entonces, podría pensarse que se va a revertir esta decisión”.
Sobre las implicancias a futuro de esta resolución, en otras cortes del país, Belaunde dijo que, “cuando se abre una ventana legal, eso podría dar lugar a otro tipo de casos y a aplicarse de distintas maneras. Al ser la primera vez que se produce una decisión judicial de este tipo, definitivamente puede repetirse en otros escenarios. Es algo completamente debatible”.
Por su parte, fuentes diplomáticas peruanas nos mencionaron que este “es un debate profundo de democracia”, debido a que está en cuestión la legitimidad que tiene una corte de estado, la de Colorado, para retirar de la carrera electoral a un candidato o, más bien, permitir que sea la ciudadanía quien elija su mejor opción sin ninguna restricción.
El otro debate, indicaron las fuentes a este diario, es si los actos gubernamentales de Donald Trump, en el periodo 2017-2021, “tienen una cobertura de inmunidad o no”. “El fondo ahí es cómo evitar que se politicen hechos posteriores a un mandato presidencial. ¿La inmunidad alcanza o no a estos hechos ocurridos durante el gobierno? La discusión se produce, siempre y cuando los hechos en mención no sean criminales”, declaró.
En las últimas horas, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no acoger el pedido fiscal de desarrollar procesos céleres y de urgencia para resolver el caso, determinando los alcances de la inmunidad de Trump. El dictamen favorece al expresidente, pues el proceso colisionará con la campaña electoral y podrá usar los juicios que tiene encima como arma política.
En total, son cuatro los casos judiciales abiertos que tiene Donald Trump: el del asalto al Capitolio de enero de 2021 para impedir que el Congreso certifique la victoria de Joe Biden, el intento de alterar los resultados electorales en el estado de Georgia en 2020, la ilegal manipulación de los documentos clasificados que se llevó a su mansión Mar-a-Lago, y el pago a la actriz porno Stormy Daniels presuntamente ocultando la violación de las leyes de financiamiento electoral.
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