La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró al Estado de Venezuela responsable por los hechos de tortura y violencia sexual contra la venezolana Linda Loaiza López Soto hace más de 17 años, y ordenó diversas medidas de reparación.
La mujer padeció un calvario que comenzó en marzo de 2001, cuando con 18 años fue secuestrada, violada y brutalmente agredida durante cuatro meses, tiempo que se prolongó durante los años en que batalló para que su captor fuera condenado por los tribunales de su país.
Tras ser rescatada por efectivos de la policía y del cuerpo de bomberos, pasó hospitalizada un año con la mandíbula y las costillas fracturadas, y tuvo que ser operada 15 veces para la reconstrucción de su rostro y genitales.
Su agresor fue absuelto en un primer juicio y finalmente condenado en 2006 a seis años y un mes de cárcel por privación de libertad y lesiones, pero fue declarado inocente de violación y tortura.
"El Tribunal concluyó que el Estado violó, en perjuicio de Linda Loaiza López Soto, los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal, prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", dijo la Corte en un comunicado.
"En cuanto a los familiares de la Sra. López Soto, la Corte concluyó que, debido a la incertidumbre y al trato que recibieron, el Estado violó su integridad personal", agregó.
También mencionó que el Estado fue responsable por la reacción insuficiente y negligente de funcionarios públicos que tenían conocimiento del caso.
Entre las medidas de reparación, la Corte ordenó seguir investigando y sancionar a los responsables por los delitos de tortura y violación, que las víctimas cuenten con garantías de seguridad, y determinar responsabilidades de funcionarios que no investigaron desde un primer momento lo sucedido a la mujer venezolana.
También ordenó a Venezuela otorgar a la víctima una beca de estudios para que pueda concluir con su formación profesional y "reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la suma erogada durante la tramitación del presente caso".
Este es el primer caso de violencia sexual en Venezuela que llega a la CIDH, con sede en San José, Costa Rica.
Fuente: Reuters