Casos Nisman, Pecci y otros: cuando las redes criminales van a la caza de los fiscales

Los ataques no acabarán con la verdad ni ocultarán los delitos. El Ministerio Público (MP) es una institución esencial para la lucha y defensa de los intereses de la ciudadanía. Sin embargo, los fiscales enfrentan una ola de violencia que crece cada vez que litigan y exponen en juzgados a diversas organizaciones criminales.

Alrededor del mundo existen casos de magistrados que pusieron en riesgo su integridad o perdieron la vida por enfrentar a feroces mafias, que incluso tenían contacto con políticos o funcionarios en las altas esferas de poder.

Para Lucía Nuñovero Cisneros, criminóloga y catedrática en la Facultad de Derecho de la PUCP, los ataques a los fiscales surgen como mecanismos para defender y mantener impunes sus actos delictivos.

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“Los fiscales siempre reciben amenazas. Lo que pasa es que muchas veces eso no trasciende. Constantemente están exponiendo su vida a graves riesgos porque enfrentan organizaciones criminales”, anotó en diálogo con Perú21.

A su turno, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado apuntó que la Fiscalía peruana se destaca por su labor en casos emblemáticos como Lava Jato y la investigación en torno al mandatario Pedro Castillo.

“En el Perú, el MP se caracteriza por su actuación ejemplar y enaltecedora por ciertos casos, como Lava Jato –donde se avanzó más que otro país–, en la investigación contra la corrupción del poder y han avanzado bien en el caso de Los Cuellos Blancos”, señaló.

EL ENIGMA NISMAN

Argentina amaneció conmocionada cuando la mañana del 18 de enero de 2015 se reportara la muerte del fiscal Alberto Nisman.

“Ojalá todos los ciudadanos, los 40 millones (de argentinos), puedan escuchar y ver la prueba que tengo entre mis manos”, dijo Nisman, el 16 de enero, durante una entrevista a la Agencia Judía de Noticias.

El abogado de 51 años fue hallado en el baño de su departamento con un balazo en la cabeza. El suceso fue un día antes de que acuda al Congreso para presentar las pruebas que fortalecerían su denuncia contra la entonces presidenta izquierdista Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman.

En un inicio se deslizó la posibilidad de un suicidio, pero la Cámara Federal de Buenos Aires resolvió “probado” que Nisman fue asesinado. Sin embargo, hasta la fecha, no existen sospechosos ni culpables del homicidio.

El fiscal investigaba el atroz ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), atentado terrorista en que se utilizó un coche-bomba para acabar con la vida de 85 personas y dejar heridas a otras 300, el 18 de julio de 1994. Algunos lo consideran el mayor ataque terrorista que sufrió el país.

De acuerdo con la Fiscalía, fue el gobierno de Irán de aquel entonces quien planificó el ataque y la agrupación subversiva Hezbolá del Líbano la ejecutó.

El 14 de enero de 2015, Alberto Nisman acusó a la presidenta Cristina Fernández de estar encubriendo las investigaciones del caso AMIA a cambio de firmar un acuerdo comercial con Irán.

Fue el colaborador de Nisman, el informático Diego Lagomarsino, quien llevó a su jefe una vieja pistola. El fiscal quería armarse porque se sentía desprotegido en una investigación en la que estaban involucrados altos perfiles políticos, judiciales y militares.

Finalmente, la muerte de Nisman quedó empantanada, al igual que el atentado de AMIA. En los últimos años se conocieron impericias y corrupción en los casos que todavía tocan la fibra sensible de los argentinos.

MUERTE EN COLOMBIA

El fiscal paraguayo Marcelo Pecci llevaba horas de haber anunciado vía redes sociales que se convertiría en padre junto a su esposa, la periodista Claudia Aguilera, cuando fue víctima de sicarios mientras disfrutaba de su luna de miel en el Caribe colombiano.

“Uno de los hombres se bajó (de la moto acuática) y, sin mediar palabra, le disparó dos veces a Pecci. Un impacto lo recibió en la cara y otro en la espalda”, narró Claudia Aguilera al diario El Tiempo de Bogotá.

Se intentó trasladar al abogado de 45 años a un hospital cercano, pero fue inútil, ya estaba muerto.

Marcelo Pecci era un fiscal ducho en perseguir el narcotráfico y era pieza clave en las investigaciones de grandes casos de lavado de dinero y crimen organizado en Paraguay.

El magistrado participó, el 22 de febrero de 2022, en la Operación A Ultranza PY, una diligencia que fue definida por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) como “el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero”.

El 17 de junio pasado, la justicia de Colombia condenó a 23 años y 6 meses de prisión a los cuatro detenidos por la muerte de Pecci. Y hace dos semanas identificaron a un narcotraficante uruguayo como el autor intelectual del crimen.

Las exequias de Pecci fueron multitudinarias. La sociedad paraguaya reconoció al fiscal como el símbolo de la lucha contra la mafia de su país.

A MERCED DE LOS CRIMINALES

Los ataques de bandas criminales contra fiscales es una práctica que se repite en diferentes latitudes del mundo.

En Honduras, a finales de mayo de este año, la fiscal Karen Almendares fue asesinada a tiros cuando intentaba ingresar a su vivienda tras asistir a un gimnasio.

El homicidio de la fiscal especializada en delitos ambientales provocó la reacción de la presidenta hondureña Xiomara Castro.

En mayo también se reportó en Manta, en Ecuador, el homicidio de la fiscal Luz Marina Delgado, quien fuera acribillada por dos sicarios de nacionalidad venezolana. Al momento del ataque, iba acompañada del abogado Jefferson Mendoza. Según las pesquisas, la magistrada había sido seguida por sus asesinos durante un mes.

Por este caso, la Fiscalía peruana, entonces dirigida por Pablo Sánchez, lamentó el deceso de la fiscal Luz Marina.

“El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, junto a sus homólogos iberoamericanos, condena el asesinato de la fiscal ecuatoriana Luz Marina Delgado, y expresa su solidaridad con la Fiscalía General del Ecuador”, publicó en redes sociales.

México es otro país donde los fiscales viven en constante persecución por enfrentar a las bandas organizadas.

En febrero último, policías de Michoacán fueron atacados en las inmediaciones de la Fiscalía General de Maravatío.

Los agentes solicitaron apoyo policial, pero los que iban para auxiliar también fueron atacados con ráfagas de bala. Para las autoridades, los ataques fueron perpetrados por el Cártel de los Correa. El mismo panorama se repite en otros estados del país azteca.

En Brasil, en 2015, se tuvo que redoblar la seguridad del fiscal general Rodrigo Janot, luego de que los servicios de Inteligencia concluyeran que había altas sospechas de que sufra un atentado de parte de organismos radicales relacionados a la red de corrupción del caso Lava Jato.

En 2017, Janot acusó al expresidente Lula da Silva y a su sucesora, Dilma Rousseff, de operar un enorme esquema de sobornos durante sus casi 14 años en el sillón presidencial brasileño.

EL CASO MANOS LIMPIAS

En 1992, en Italia se inició la ‘Mani pulite’ (Manos Limpias), un proceso judicial que reveló una extensa red de corrupción en la que estaban involucradas las principales figuras políticas de la época.

Durante las pesquisas de este gigantesco proceso que implicó a ministros, diputados, senadores, empresarios, entre otros, apareció el nombre de un conocido peruano: Alan García Pérez.

El fiscal Vitorrio Paraggio recogió las declaraciones del empresario Sergio Siragusa Mule que comprometían al expresidente García y al ex primer ministro italiano Bettino Graxi en un cobro de coimas por la construcción del tren eléctrico.

Siragusa era representante en el Perú del consorcio italiano Tralima. El líder del Apra fue sindicado de enriquecimiento ilícito, pero salió bien librado al alegar la prescripción del caso.

En la operación Manos Limpias, los fiscales italianos también fueron blanco de amenazas. Un integrante de la mafia siciliana contó que en 1992 la Cosa Nostra planeó asesinar al fiscal Antonio Di Pietro. El plan se frustró porque el asesino fue arrestado.

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