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El Gobierno de Bolivia advirtió sobre una posible "ruptura institucional" como resultado del motín que protagonizan policías de menor rango en todo el país en reclamo de una mejora salarial, en medio de un diálogo que no ha logrado dar soluciones al conflicto y que mantiene en jaque al Poder Ejecutivo.
Para desactivar las protestas, que dejaron varias ciudades del país altiplánico sin protección policial en las calles, la gestión de Evo Morales se vio obligada a dialogar con el sindicato de sargentos y cabos amotinados a través del ministro de Interior, Carlos Romero. Sin embargo, esta cita no rindió frutos.
"Esta crisis de la Policía tiene dos caminos de solución: el camino del diálogo, de la concertación o el camino de la confrontación, la violencia, la ruptura institucional y la ruptura democrática (…) Estamos preservando el primer camino", señaló Romero.
El titular del Interior llamó "a los policías para que se preserve el camino de la institucionalidad y del diálogo y se neutralice el camino de la confrontación, de la provocación y el vandalismo, porque hay elementos que quieren llevar a ese escenario".
En ese sentido, Romero fue más cauto que la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, quien alertó que "los informes de prensa y los informes de inteligencia (del gobierno), en este momento, están diciendo que se está configurando un escenario de golpe (de Estado)".
"Lo que nos llama la atención es que los policías estén metiendo armas en unidades policiales donde no existían, estén presionando a otras unidades para que las armas sean entregadas y que esto esté sucediendo en el país", explicó Dávila.
Por su parte, el sargento y miembro del sindicato de policías subalternos Javier Quispe respondió que "es totalmente mentira" la versión del golpe esbozada por la ministra. "Queremos desmentir a la opinión pública de que no es así, esta es una demanda justa para un salario digno", añadió.
Los agentes, que tomaron más de una veintena de cuarteles y saquearon la sede de Inteligencia de su institución, reclaman elevar el salario mínimo a 2.000 bolivianos (287 dólares), jubilación con 100% de sus salarios, anular una ley que les prohíbe hacer declaraciones públicas y la creación del 'defensor del policía'.
Como fórmula de solución, el presidente Evo Morales apareció públicamente en un acto para plantear que parte de los impuestos que genera la venta de gas para los municipios –que en total alcanza a US$744 millones al año– vaya a la Policía.
