Mientras el presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Cajamarca, Wilfredo Saavedra, anunció que el en contra del proyecto , que contempla una inversión de US$4,800 millones, será masivo, el ministro del Interior, Óscar Valdés –quien con el presidente regional Gregorio Santos–, dijo que la Policía estará alerta y hará cumplir la ley ante cualquier estallido de violencia.

"He venido por instrucción del presidente a invocar al diálogo a las autoridades de Cajamarca. Por su parte, la Policía ha venido a cumplir la función que la Constitución le ordena. Desde el Ministerio del Interior vamos a ser celosos guardianes de la seguridad de todos los cajamarquinos y de todas sus propiedades", subrayó.

Tras señalar que la medida de fuerza de mañana debe respetar el libre tránsito de las personas y vehículos, advirtió que aquellos manifestantes que atenten contra estos derechos o promuevan actos de violencia serán denunciados.

"Comprendemos que los pueblos tienen derecho a manifestarse y a reclamar, pero esto debe producirse dentro de los cánones y las leyes vigentes en el país", aseveró el titular del Interior, tras señalar que los organizadores del paro deben tener mucho cuidado para evitar la presencia de infiltrados que pretenda realizar actos de violencia.

EXIGEN LA PRESENCIA DE HUMALAEn tanto, Wilfredo Saavedra dijo que el rente de Defensa del Medio Ambiente de Cajamarca ha perdido la confianza en el Ejecutivo, ya que –alegó– tres ministros tienen marcados 'conflictos de intereses' con la minera Yanacocha.

En ese sentido, indicó que solo la presencia del presidente en la región podría restablecer el diálogo para buscar la mejor solución al conflicto por Minas Conga, .

"El diálogo debe ser tratado con pobladores en Cajamarca y con el presidente Humala, él es el único que debe darle una solución política para que declare la inviabilidad del proyecto", refirió.

PÉRDIDAS MILLONARIASA su turno, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, Jorge Vergara, dijo que el paro generaría pérdidas diarias por casi un millón de dólares, ya que no solo se afectaría a las empresas ubicadas en la zona de influencia del proyecto, sino también al sector transporte, comercio y turismo de la región.

Vergara reiteró que quienes se oponen a la inversión minera son un pequeño grupo de dirigentes con posiciones radicales, los cuales tendrán que asumir en su momento su responsabilidad. "No se puede protestar atentando contra la propiedad privada, la integridad física de las personas y bloqueando carreteras; eso es ilegal y exigimos a las autoridades hacer respetar las leyes", enfatizó.