Lima: Recuperan más de 43 mil m2 de terrenos del Estado que habían sido invadidos

Se encontraron más de 65 módulos prefabricados a base de madera y calaminas, los cuales habrían sido colocados por invasores de terrenos en los distritos de Ate y Santa Rosa.
La SBN es un organismo público descentralizado que se encarga de gestionar, supervisar y registrar los predios del Estado en conformidad con la normativa vigente. (Foto: SBN)

La (SBN), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, informó sobre la recuperación de 43 mil 848 m2 de terrenos del Estado en Lima. Estas cifras corresponden al trabajo realizado durante el mes de agosto.

Cuatro de los predios recuperados se encuentran ubicados en la ladera norte del Cerro Candela. distrito de Ate, y cuentan con un área en conjunto de 31 mil 042.73 m2.

En el mismo distrito también se encuentra un predio de 3976.25 m2 ubicado a la altura del kilómetro 17.5 de la Carretera Central.

Por su parte, en el distrito de Santa Rosa se recuperó otro terreno de 8829.05 m2 el cual se encuentra ubicado en la ladera del cerro colindante con el Asentamiento Humano San Francisco de Asís y Nueva Era.

La SBN es un organismo público descentralizado que se encarga de gestionar, supervisar y registrar los predios del Estado en conformidad con la normativa vigente. (Foto: SBN)

Durante la diligencia llevada a cabo por la Procuraduría Pública, se encontraron más de 65 módulos prefabricados a base de madera y calaminas, los cuales habrían sido colocados por invasores de terrenos.

Los materiales fueron removidos del lugar durante la diligencia que se realizó de manera pacífica con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cabe destacar que, las recuperaciones extrajudiciales que realiza la SBN se dan en aplicación de los artículos 65° y 66° de la Ley 30230, la cual señala que el Estado puede ejecutar acciones legales inmediatas para cautelar el patrimonio nacional y así frenar las invasiones y la venta informal de terrenos.

Según el Código Penal vigente, los delitos por usurpación y tráfico ilícito de terrenos estatales son sancionados con 5 a 12 años de pena privativa de la libertad.

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