Tal como lo señaló Perú21 en su edición del 5 de noviembre, la aplicación de la vigilancia electrónica atenuaría, enormemente, el hacinamiento crítico en los diversos penales del país, cuya población supera los 90 mil internos. Y así lo ha entendido el Poder Ejecutivo, que ayer aprobó una norma, que promueve el uso de estos mecanismos.
El dispositivo legal, que fue discutido en el Consejo de Ministros, está dirigido para aquellas personas que hayan cometido delitos “que no tengan hálito de criminalidad”, afirmó el titular del sector Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa. Este permite la colocación del grillete electrónico en procesados “en la que la posibilidad de pena no sea mayor de seis años” y a los que han sido sentenciados por el mismo periodo.
MIRA: Comerciantes envenenaban a consumidores con cigarrillos adulterados
“No está dirigido para los que hayan cometido secuestro o corrupción. Tampoco para sentenciados o procesados que tengan reincidencia o antecedentes penales. Esta medida va a ayudar al deshacinamiento de los penales”, enfatizó.
Recordó que el empleo de la vigilancia electrónica fue incluida en el sistema penal en 2020. “Ha sufrido tres modificaciones, en los años 2018 y 2020. Recientemente, hemos examinado la política de grilletes y en la actualidad no hay más de 50 personas usando grilletes en el país”, expresó. En el informe elaborado por Perú21 se da cuenta de que entre 2017 y 2023 se instalaron 115 grilletes. Actualmente, 45 los mantienen colocados.
La idea de promover el uso del mencionado mecanismo no solo buscaría acabar con la aglomeración de presos. Sería, además, una forma de hacerle espacio a las diversas facciones del Tren de Aragua, que vienen siendo capturadas por las unidades especializadas de la Policía. De esta manera se evitaría, asimismo, la mezcla de reos primarios con los de alta peligrosidad.
De otro lado, el premier Alberto Otárola anunció que el Ejecutivo aprobó una modificación del Decreto Legislativo N.º 1350 que establece la implementación del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional, que permite la expulsión efectiva y expeditiva de las personas que se encuentren irregularmente en el país en un máximo de 48 horas.
“Este procedimiento respeta el contenido fundamental de la tutela procesal efectiva que está en el artículo 139° de la Constitución, el derecho de defensa, la pluralidad de la instancia, y todas las garantías que un ciudadano puede requerir”, expresó.