El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que el Consejo de Ministros aprobó el Decreto Legislativo N° 1384 para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos de manera autónoma y en igualdad de condiciones.
La norma reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y promueve su inclusión, modificando el Código Civil y reemplazando la clasificación de “incapacidad absoluta y relativa” por “capacidad plena y restringida”.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remarcó que, a partir de ahora, las personas con discapacidad no necesitarán de alguien que los represente para poder votar, comprar, vender, casarse, ejercer la patria potestad de sus hijos e hijas, entre otros; sino que lo podrán hacer ellas mismas. En caso que lo requieran, ellas podrán contar con la ayuda de una persona de apoyo.
Esto gracias a que en el Decreto Legislativo se elimina la figura del “curador”, que era una persona nombrada por un juez para que tome las decisiones en lugar de la persona con discapacidad.
En lugar del “curador” se crean las figuras de “apoyos y salvaguardias”. Los primeros son personas que brindarán asistencia y serán elegidos por las personas con discapacidad; mientras que las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que recibe el apoyo.
Asimismo, la norma establece que se elimina el internamiento involuntario de las personas con discapacidad, ya que antes eran internados sin su consentimiento.
En esa línea, el Decreto Legislativo señala que cualquier ciudadano puede solicitar la reversión de la interdicción de personas con discapacidad, dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma, para la designación de apoyos y salvaguardias.
En su comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destaca que se cambia el paradigma sobre la discapacidad, ya que se pasa a un modelo social por el cual se combate la discriminación.
“Con la promulgación de este Decreto Legislativo, el Perú adecuará su ordenamiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, indicó el portafolio.