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Paro de transporte público en Lima y Callao: más de 30 mil vehículos acatarán medida el 7 de abril
Un grupo de empresas de transporte público ratificó la paralización de su servicio a partir del miércoles 7 de abril debido a las pérdidas económicas que registra durante la cuarentena por el coronavirus (COVID-19), y entre otras demandas. David Mujica, vocero de los gremios de transporte, señaló que la medida se mantiene porque hasta la fecha el Gobierno no brinda una solución a sus reclamos.
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Paro de transporte público urbano en Lima y Callao se realizará el miércoles 7 de abril. (Foto: Ángela Ponce)
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Un grupo de empresas de transporte público ratificó la paralización de su servicio a partir del miércoles 7 de abril debido a las pérdidas económicas que registra durante la cuarentena por el coronavirus (COVID-19), y entre otras demandas. David Mujica, vocero de los gremios de transporte, señaló que la medida se mantiene porque hasta la fecha el Gobierno no brinda una solución a sus reclamos.
En declaraciones a América Noticias, explicó que son seis gremios quienes acatarán el paro de transporte público que será el primer día por 24 horas, pero si no llegan a un acuerdo con la autoridad evaluarán si mantienen la medida de forma escalonada o indefinida.
“Nosotros agrupamos aproximadamente mas de 30 mil unidades entre Lima y Callao y representamos más del 75%, de los transportistas formales”, remarcó.
“Somos entre 30 mil a 35 mil [unidades vehiculares] de Lima y Callao que no van a salir a trabajar por 24 horas en un primer momento, el mismo día 7 [de abril] vamos a evaluar si convertimos este paro en indefinido o escalonado, pero es importante que ese día tengamos una respuesta de la autoridad solucionando nuestro problemas. No queremos parar porque perjudicamos a la ciudadanía, pero no tenemos otra solución”, señaló Mujica.
Respecto a lo mencionado ayer por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, quien reiteró que el Gobierno mantiene su posición de dialogar con cualquier gremio de transportistas, Mujica respondió que ya “están cansados” de reuniones que a la fecha se mantienen con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), y no existen solución a sus reclamos.
“Son 6 gremios de transporte público que han estado conversando con la autoridad. Un año, en conversación sin ninguna solución. El diálogo es permanente, y las reuniones. Los diálogos son con la ATU. Ya no queremos reuniones, queremos soluciones. Ya estamos cansados de las reuniones porque nos prometen, nos ofrecen, pero no tenemos ninguna solución. Si la autoridad se va reunir con nosotros que nos muestre una solución”, remarcó el representante del gremio de transportistas.
Explicó que el grupo de empresas de transporte público piden que se atiendan sus reclamos como la vacunación a conductores y cobrados, la entrega de subsidio a todas las empresas formales que han implementado acciones de bioseguridad, y autorizaciones de funcionamiento por 5 años.
“La autoridad nos ofreció vacunas para chofer y cobrador y no lo ha cumplido. Nos ofrecieron un rescate financiero, porque hemos hecho inversiones en buses, bioseguridad e implementación y no lo ha cumplido. Necesitamos autorizaciones por lo menos de cinco años cumpliendo todos los requisitos. No estamos pidiendo que nos regalen una autorización. Les estamos diciendo que como transportistas seguiremos cumpliendo con todos los requisitos, pero necesitamos, les pedimos mínimo cinco años la autorización para reactivar el sector”, añadió.
“Los subsidios no han llegado a todos los transportistas. Los subsidios se aprobaron el año pasado en julio. Ya estamos abril de 2021, y se ha repartido a la mínima cantidad por la burocracia y por la incompetencia de la autoridad”, dijo.
La unidad gremial del servicio de transporte urbano de Lima y Callao sostiene que debido a las restricciones que se han dado por la pandemia del COVID-19, las empresas que prestan este servicio se encuentran en una grave situación, por lo cual consideran que la única alternativa es la suspensión del servicio.
Entre las demandas que tienen hacia el Estado figuran la falta de estabilidad jurídica, la no entrega de los subsidios económicos, erradicación de la informalidad, devolución del impuesto selectivo al consumo y reducción del costo del combustible, modificación del sistema de puntos a las licencias de conducir, entre otros.
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